Hace veinte años esta ciudad estaba bajo la Ley 550, intervenida, en quiebra, incapaz de invertir en nada. Los responsables de ese desastre no desaparecieron: hoy quieren regresar con el petrismo, convencidos de que Barranquilla les debe una segunda oportunidad.
Mientras Petro desfinanciaba la seguridad del país con su fracasada Paz Total, la Alcaldía de Alejandro Char destinaba más de $100.000 millones del presupuesto de los barranquilleros, plata que pudo haberse invertido en hospitales, colegios y vías.
Cada subsidio entregado significa una familia que deja de pagar arriendo, gana estabilidad y mejora su calidad de vida. Es una oportunidad real para que miles de hogares tengan casa propia y vivan mejor.
La transformación ha sido integral y continua. Puerto Mocho recibió más de 515.000 visitantes en su primer año, conectando a Barranquilla con el mar como nunca antes.
El próximo presidente asumirá un país fiscalmente agotado, sin espacio para errores ni promesas vacías. Con una deuda en ascenso, ingresos debilitados y un gasto inamovible, las decisiones que deberá tomar serán drásticas: una reforma tributaria de gran calado, recorte del aparato estatal, y ajustes que afectarán subsidios y programas populares.
¿Y la deuda? Claro que existe, pero está lejos de ser un problema. Endeudarse para transformar la ciudad no es una señal de crisis, sino de visión.
Las parlamentarias de 2026 no solo medirán la fuerza del petrismo: pondrán a prueba si los colombianos respaldan la continuidad del giro político iniciado en 2022 o si buscan un contrapeso que limite su alcance.
En 2011, Petro viajó a Barranquilla para conocer un modelo exitoso de salud. Ni como alcalde ni como presidente logró replicarlo. Hoy, tras desmontar lo que sí funcionaba, dejó el sistema nacional al borde del colapso.
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