La informalidad empresarial es uno de los principales problemas que enfrenta la economía colombiana y que se ha venido solucionando a través de la inclusión financiera a través de los medios electrónicos de pago. Por eso, resulta positiva la reciente decisión del Gobierno de no avanzar con la propuesta de extender la retención en la fuente a los pagos electrónicos y, además, evaluar la eliminación de dicha retención en las transacciones con tarjetas débito y crédito. Las razones detrás la propuesta eran válidas pero los resultados hubieran sido negativos para el proceso de formalización.

El argumento principal de la propuesta era básicamente igualar el tratamiento que tienen los pagos hechos con tarjeta de crédito o débito con los pagos electrónicos. Esto se debía a que, actualmente, los pagos hechos con tarjeta de crédito o débito son objeto de una retención en la fuente a una tarifa del 1.5%, mientras que los hechos por medios electrónicos no están sujetos a dicha retención.

Para la DIAN, como administración tributaria, podría haber sonado llamativa la idea de recaudar anticipadamente el impuesto en todas las transacciones realizadas a través de cualquier instrumento de pago electrónico, principalmente por un tema de caja. Sin embargo, el recaudo tributario esperado con esta propuesta hubiera tenido un efecto contrario al incentivar indirectamente el uso de efectivo en los comercios.

El efectivo constituye el principal obstáculo para las administraciones tributarias modernas, al dificultar la trazabilidad de las operaciones y facilitar la evasión. Por lo tanto, la decisión de frenar la retención a los pagos electrónicos demuestra una lectura más sensata del entorno económico. La política pública debe premiar la digitalización y la trazabilidad, no castigar a quienes optan por medios de pago formales.

En adición, el nuevo plan del Gobierno de eliminar la retención en la fuente a los pagos con tarjetas débito y crédito va, en nuestra opinión, en la dirección correcta. Esta medida podría estimular el uso del sistema financiero, reducir costos de cumplimiento para los comercios y mejorar la trazabilidad de las operaciones, contribuyendo así a la lucha contra la evasión.

Actualmente, cerca del 78% de las transacciones comerciales en Colombia todavía se pagan en efectivo, y solo el 56.9% de los ciudadanos tiene productos financieros. Cualquier política que promueva medios digitales es un paso hacia una economía más formal, transparente y moderna.

En conclusión, la decisión del Gobierno de no aplicar retención a pagos electrónicos corrige un rumbo que habría afectado la formalización, y con ella, las oportunidades de desarrollo como país. La propuesta inicial se sustentaba en argumentos válidos y técnicos, pero resultaba muy inoportuna e inconveniente en el contexto actual de alta informalidad. El verdadero desafío no es retener más, sino hacer que más personas y empresas participen del sistema formal.

Asociado de Posse Herrera Ruiz