El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue absuelto en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La absolución no llegó por duda, sino por un examen de fondo de los hechos. Los magistrados concluyeron que no había evidencia suficiente de que Uribe hubiera ordenado ofrecimientos para que testigos mintieran. No hubo prueba de soborno ni de coerción a los testigos, y tampoco quedó acreditado que hubiera impartido instrucciones ilegales al abogado Diego Cadena. Además, el tribunal declaró la ilicitud de interceptaciones, recordando que las pruebas obtenidas de modo irregular o sin respeto al debido proceso no pueden servir de base para una condena.

La relevancia de todo esto va más allá del nombre o del personaje. Estamos ante un claro ejemplo de cómo debe operar la justicia: sin arrebatos, sin prejuzgar, pero con firmeza en el respeto a las garantías.

Ahora bien, en la acusación pesó mucho la idea de que el abogado Cadena habría ofrecido beneficios a testigos para cambiar sus declaraciones. El tribunal fue claro: no hay prueba de que Uribe impartiera instrucciones ilegales, no hay prueba de soborno ni de coacción por parte de Diego Cadena, y por tanto revocó la condena. Esa afirmación no solo beneficia a un individuo, sino que protege un principio esencial: el abogado defiende, asiste y representa, y esa función no puede estar bajo sospecha permanente sin un núcleo probatorio irrebatible.

Esta semana, la justicia colombiana dio un paso importante, no se trata de simpatías políticas ni de victorias personales, sino de reafirmar la vigencia del Estado de derecho. La decisión del Tribunal Superior de Bogotá es, sin duda, una decisión respetuosa y garantista. Reconoce que no se puede construir una condena sobre interceptaciones ilegales, que el secreto profesional merece protección y que la emoción política no puede reemplazar la razón jurídica.

Y, como muchos esperamos, esta decisión también debería reflejarse en la absolución de Diego Cadena, porque los hechos procesales y las pruebas discutidas son esencialmente los mismos. La coherencia del sistema judicial exige que esa consecuencia se mantenga.

Si algo nos deja esta semana, es una lección de fondo: la justicia se fortalece cuando aplica la ley con rigor, porque los derechos no son privilegios de unos cuantos, sino garantías para todos. Y cuando esas garantías se respetan, la ciudadanía, más allá de su postura política, puede volver a creer que la justicia no es un instrumento de poder, sino un espacio donde la verdad y la legalidad prevalecen.

@CancinoAbog