La controversia en torno al “Comité Antipeajes” en el Caribe colombiano es más que una disputa por tarifas: es un reflejo de una tensión estructural que atraviesa al país.
Por un lado, están las comunidades locales que exigen al Estado mejores vías, pero no pueden, o (y hay que decirlo, desafortunadamente) no quieren asumir los costos de tarifas diferenciales de proyectos que las benefician directamente. En muchos casos, asumen que el pago de impuestos debería ser el costo asumido por estas vías, soslayando que el bolsillo del Estado no es ilimitado.
Por el otro, están los inversionistas que apuestan por el desarrollo de la vía, que legítimamente esperan un retorno a su inversión, pero que (y también hay que decirlo, desafortunadamente) en ocasiones dejan a un lado las dinámicas sociales del lugar en el que se llevan a cabo los proyectos.
Así, hemos visto cómo el proyecto Autopistas del Caribe está paralizado. La ANI y el concesionario evalúan terminar el contrato por falta de ejecución, mientras el Comité Antipeajes exige su liquidación.
Esto implica un grave retroceso para el modelo de concesiones del país, y nos demuestra i) la incapacidad institucional de estructurar modelos que respondan a dinámicas sociales particulares; y ii) la existencia de un sector ciudadano que sabotea sistemáticamente el proyecto, sin cuestionar críticamente los fundamentos ideológicos de sus creencias u opiniones.
El modelo de concesión ha sido clave para construir infraestructura en Colombia.
Los beneficios de este modelo no solo se ven en términos “económicos”, sino también en resultados humanos. Una mejor vía implica menos accidentes en ella, menos trancones, mayor conectividad de regiones marginadas históricamente con el centro del país, menores costos logísticos para los productores y comerciantes de las regiones.
Por supuesto, también hemos visto terribles hechos de corrupción, pero esos hechos no pueden atribuírsele al modelo de concesión, sino a las personas que lo ejecutan y su ánimo de defraudar al erario público.
La inversión privada debe ser vista como una herramienta, no como una amenaza. Por supuesto que el éxito de los procesos de infraestructura necesita una elaboración de modelos que responda a dinámicas sociales particulares, generando las tarifas diferenciales que haya a lugar. Por otro lado, ejercer una ciudadanía responsable implica comprender que no se pueden exigir resultados sin aceptar el pago de tarifas razonables, las cuales contribuirán positivamente a mejorar la calidad de vida de la comunidad.
@Holland_Knight
