Es oficial. El Icetex confirmó la suspensión de los subsidios a la tasa de interés para sus beneficiarios de crédito en etapa de formación. Ya lo había hecho, desde febrero pasado, para los créditos en amortización, con lo cual se calcula que más de 234 mil usuarios de la entidad enfrentan un importante incremento en el valor de las cuotas que pagan cada mes.

En algunos casos, el monto de la factura aumentó hasta duplicarse, convirtiéndose en una carga financiera imposible de asumir por jóvenes que ni con tres empleos logran reunir lo necesario. Tampoco sus familias, ahogadas en deudas para responderle al Icetex, dan más.

Se supone que, luego del desmonte de los subsidios, los créditos retornan a la tasa pactada con el beneficiario en el momento de la solicitud. Sin embargo, aunque el instituto señale que esos acuerdos se mantienen intactos, los usuarios saben de sobra que, por las recientes decisiones del Gobierno Petro sobre la financiación o, para mayor claridad, desfinanciación del Icetex, más lo correspondiente al IPC sumado a 7, 9 y hasta 12 puntos, su vida diaria se les convirtió en una montaña rusa, en la que abundan cambios bruscos, giros impredecibles, una sensación de vacío, de sobrecarga emocional e incertidumbre, difíciles de sobrellevar.

No cabe duda de que esta es una bomba social en plena expansión. El 90 % de los beneficiarios de créditos son hogares de estratos 1, 2 y 3 que, por falta de cupos, no pueden acceder a la educación superior pública, así que se endeudan para asegurar la formación de sus miembros. Incluso, estudiantes de universidades públicas buscan al Icetex para que les financie su manutención. De manera que lo que está en juego no solo es la ruina de decenas de miles de familias pobres, sino también el riesgo potencial de deserción y de desplome del número de matrículas en instituciones de educación superior, que está ya en descenso.

Llegados a este punto, cuando el mismo presidente del Icetex, Álvaro Urquijo, reconoce que, por la situación fiscal, no recibió recursos de la nación para continuar con los subsidios a la tasa de interés, es irrefutable afirmar que esta es otra promesa electoral incumplida del actual Gobierno. Por este lado, el cacareado cambio tampoco fue. Bueno, aunque eso no es del todo cierto, porque muchas cosas sí cambiaron en la entidad, pero para peor.

En resumen, Petro no condonó la totalidad de las deudas de sus beneficiarios ni transformó al Icetex en una entidad de “crédito de estudios en el exterior”, como anunció en campaña. Tampoco en una banca de primer piso, como dijo hace unos meses, cuando se agudizaron sus problemas financieros porque Educación y Hacienda no le habían girado los recursos para pagar el segundo semestre de 2024 y garantizar la renovación de créditos para 2025.

Pese a que los jóvenes, como nunca antes en la historia reciente del país, se movilizaron en respaldo de un proyecto político que abrazó la defensa de un sistema de educación superior público accesible, justo y de calidad, la realidad resulta decepcionante. El Ejecutivo no solo desfinanció a la entidad, reduciendo su presupuesto en un 85 % entre 2024 y 2025, sino que también desmanteló su andamiaje de créditos educativos públicos y, hasta ahora, sigue sin concretar su Plan de Salvamento consignado en el Plan Nacional de Desarrollo, en el que se comprometió a hacer al Icetex más humano. Y puestos a hacer corte de cuentas, expertos y educadores rebaten la creación de 190 mil nuevos cupos en las universidades públicas del país al cierre de 2024, como indica el Gobierno, que había prometido 500 mil en la campaña.

Cuando las promesas populistas se afincan en sentimientos de indignación colectiva, pero quienes deben materializarlas carecen de responsabilidad de Estado para hacerlo, el fracaso se expresa en la quiebra moral de su proyecto. Es razonable que la nefasta perfidia o traición del progresismo con los jóvenes aumentara su desesperanza por falta de soluciones viables.

Pagar durante años una cuota altísima por formarse lastra la movilidad social en Colombia y, de paso, erosiona el sistema educativo. Remediar tan intolerable condena tiene que ser un imperativo ético de las instituciones. Sin sectarismos ni revanchismos ideológicos, a la reforma al Icetex, que ahora se debate en la Cámara, se le debe dar una oportunidad para que prospere y pueda llegar a ser una puerta de acceso a la educación superior pública y privada para nuestros jóvenes, con garantías reales de permanencia, calidad y pertinencia.