El lunes 25 de agosto dialogué sobre la salida a la crisis estructural de la Universidad Autónoma del Caribe con el rector Jorge Senior y el vicerrector administrativo y financiero Diógenes Rosero. A Senior, a Rosero y a Jaime Díaz, director jurídico, les ha tocado una misión difícil: salvar una institución que el exrector Ramsés Vargas dejó boqueando y que los rectores que le sucedieron apenas han mantenido respirando penosamente.

La universidad hoy tiene un plan A y un plan B. El plan A es la reestructuración y el plan B es cambiar la naturaleza privada de la institución por una estatal del orden nacional que pasa por la aprobación de una ley. Senior solo tiene dos opciones. Y para ello necesita el respaldo mayoritario del Consejo Superior y el apoyo de los estamentos universitarios, especialmente de los estudiantes.

La realidad de Uniautónoma no puede ser más terrorífica en materia de números: tiene una deuda total que supera los $140.000 millones, sus ingresos anuales operacionales alcanzan los $60.706 millones y sus gastos superan los $63.323 millones. De la deuda total hacen parte $22.784 millones pendientes de pago en seguridad social. La matrícula ha caído de 13.000 a 6.000 estudiantes. Desde hace 10 años no hay significativas inversiones en infraestructura y tecnología, para lo cual se requieren $25.000 millones. El 83% de los ingresos provienen de las matrículas y el gasto de nómina asciende a $55.599 millones que se comen el 91% de los $60.706 millones de ingresos.

El plan A significa adelgazar la planta y es inevitable si el plan B no funciona. Reinventar instituciones, con drásticas cirugías, implica mucho coraje quirúrgico. El plan B será posible si la bancada costeña colabora y si finalmente la ley se sanciona como en el caso de la Universidad Internacional del Trópico Americano (Unitrópico) del Casanare, que se convirtió en universidad pública departamental en virtud de la ley 1937 de 2018.

Si la nacionalización se lograra en tiempo récord se le daría enorme oxígeno a una universidad de 58 años de historia, donde predominan los estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Con 6.000 nuevos cupos de los 500.000 prometidos por el Gobierno para expandir la educación superior y una infraestructura hoy subutilizada valorada en más de $160.000 millones, una Uniautónoma pública de 12.000 estudiantes, que se beneficiarían de la gratuidad, podría ampliar la oferta de pregrado a la juventud popular que anhela capacitarse y salir adelante.

Señor Daniel Rojas Medellín: deje un perdurable recuerdo como ministro de Educación. Ayude a salvar a la Uniautónoma de su desplome estructural.

@HoracioBrieva