Según la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG), el nombramiento del agente interventor Nelson Javier Vásquez torres “no ha venido acompañado de un plan claro y estructural que permita resolver una problemática que continúa agravándose y que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de los generadores de energía, en especial del sector térmico, fundamental para el respaldo del sistema eléctrico nacional en momentos de baja hidrología”.
Por su parte, en un pronunciamiento conjunto por parte del Procurador General de la Nación Gregorio Eljah y el Contralor General de la República Carlos Hernán Rodríguez alertaron al Gobierno sobre el riesgo de un apagón financiero de las empresas comercializadoras de energía por cuenta de la deuda de la opción tarifaria, la deuda oficial por prestación del servicio y la morosidad por parte de la Nación en el reintegro del valor de los subsidios del consumo de energía de los estratos 1, 2 y 3, que sumados bordean los $10 billones. Y lo más grave es que el apagón financiero puede derivar en un efecto dominó que puede comprometer la prestación del servicio de energía.
El Contralor Rodríguez fue enfático y reiterativo al plantear al Gobierno Nacional “la necesidad de tomar las acciones necesarias para prevenir un posible racionamiento de energía” al tiempo que “la estabilidad del sistema eléctrico es un asunto prioritario para la nación”. Tanto la Procuraduría como la Contraloría coinciden en que la delicada situación financiera que afronta la empresa Air-e y que llevó a su intervención no es un caso aislado, es sólo la punta del iceberg, pues las demás empresas comercializadoras afrontan una situación similar.
Y, como lo afirma el Procurador Eljach, “se interviene cuando no está funcionando algo para salvarla, para sacarla adelante, y eso es lo que buscamos entre todos”. La intervención de Air-e supera ya los dos años y no ha revertido la situación crítica. La falta de recursos y la continuidad de problemas financieros ponen en duda la efectividad de la medida”. Y va más lejos al advertir que “la intervención es una decisión extrema. No puede suceder que las intervenciones lleven a la liquidación de las empresas porque ese es el mayor contrasentido y esa es la mayor contradicción con lo que ordena la Constitución”.
Hasta el propio Ministro de Minas y Energía Edwin Palma puso el grito en el cielo y en una Carta abierta dirigida al Superintendente de Servicios Públicos le manifestó que “urge, por lo tanto, no solo la inyección de capital que permita cumplir con los compromisos adquiridos con las generadoras y demás actores del sistema, sino que la Superintendencia defina, a la mayor brevedad, una solución de fondo que garantice la prestación eficiente y continua del servicio de energía eléctrica”, señaló además que “el Estado no puede permitir que se consume un riesgo sistémico”. Más claro la luz!
Y mientras tanto Air-e sigue sin con qué pagarles a sus proveedores y es la única empresa comercializadora que a estas alturas no ha contratado todavía la compra de energía para el 2026, poniendo en riesgo “la prestación del servicio de manera confiable” a sus 1.3 millones de usuarios regulados y 692 no regulados de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira!
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