En los últimos días, en medio de la amenaza del gobierno Petro de expedir un decreto para la realización de la consulta popular sin aprobación del Congreso, se vuelve a poner sobre la mesa las cifras sobre crecimiento económico, desempleo, inflación, endeudamiento y tantos otros aspectos de la economía colombiana. Todo esto sirve para saber el panorama que vamos a encontrar cuando se inicie el próximo gobierno en el 2026.

Veamos. En primer término, la tasa de inversión hoy en Colombia es del 16% frente al 24% del PIB de hace 10 años. El consumo aumentó el 25 %, frente a los años previos a la pandemia. Esto quiere decir que Colombia cada día se convierte más en una economía de consumo y subsistencia y no de inversión. Si tomamos en consideración los más de 12 mil millones de dólares de remesas y la economía ilegal que puede estar alrededor de 30 mil millones de dólares se entiende el crecimiento del 2.7% de la economía colombiana. El reto es traer inversión para que el país pueda enfrentar los desafíos venideros.

Un segundo aspecto tiene que ver con el endeudamiento. La deuda representará 63% del PIB frente al 53,8% que existía en el 2023. El déficit fiscal pasó del 4,3% en el 2023 y cerrará en el 7,8% en el 2025. Es decir, una tronera fiscal de 138,8 billones de pesos. Si sumamos déficit nos encontraríamos en el 2026 con deudas no pagadas al sector salud y el no pago de los subsidios 1,2,3 de las empresas comercializadoras y generadoras de energía. Podemos añadir a esto, la falta de inversión en el sector defensa y el déficit pensional en el sector educativo. Si a esto le añadimos que este gobierno de forma irresponsable y politiquera ha suscrito desde el 2022 casi 2 millones de contratos de prestación de servicio para garantizar el apoyo electoral en el 2026, el espectro de análisis se complejiza.

Un tercer punto tiene que ver con el desempleo y la informalidad. Este gobierno se vanagloria de haber bajado el desempleo al 8,8%. Lo que no dicen es que parte del aumento del empleo tiene que ver con los informales. Las cifras son claras. La informalidad ronda por el 57,7% y hay ciudades como Sincelejo o Riohacha donde los informales están entre 65 y 70%. En términos globales, de los 23 millones de personas que trabajan en Colombia, 12,9 millones son informales. Recordemos que la mayoría de los informales no pagan al sistema de salud, ni a pensiones.

Devaluación, desempleo, falta de liquidez y crisis fiscal serán el horizonte que encontrará el próximo gobierno. La solución: unidad nacional, gobierno colectivo, fortalecimiento de la institucionalidad y un liderazgo internacional en lo político. En lo económico, retomar fuentes de financiamiento como la exploración de petróleo y gas, multiplicar la oferta exportadora del país, recortar gastos a través de supresión de entidades, destrabar los proyectos de infraestructura bloqueados por el ANLA y las consultas previas, promover el retorno de la inversión y restablecer el diálogo entre el sector público y privado fundado en la confianza mutua que permita reestabilizar y equilibrar el país.

Con ese panorama, se enfrentará la crisis fiscal y, con ello, podrá atacarse el problema pensional donde a 1 de julio de este año, ni siquiera estará lista Colpensiones para recibír los más de 3,5 billones de pesos mensuales y los 25 millones de afiliados a quienes les tendrá que responder. La salud también será una tarea pendiente, así como el sector energético y la seguridad. Con esto en pie, el empleo principiará a aumentar y la inversión retornará. Todo esto será posible con un gobierno colectivo. Nadie podrá solo.

* Ex fiscal general de la Nación

* Profesor del Adam Smith Center for Economic Freedom, Florida International University (FIU)