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El defensor del Pueblo, Carlos Negret, cree que lo primero es salvar vidas y después la economía.
Cortesía Defensoría del Pueblo
Colombia

“No se puede aprovechar el hambre para poner a la gente contra los gobernantes”: Defensor del Pueblo

Propone una pensión de supervivencia para los familiares de los profesionales de la salud que fallezcan, si su muerte está asociada a la COVID-19. 

Carlos Alfonso Negret Mosquera, defensor del Pueblo de Colombia, payanés, abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, y especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad Alfonso X El Sabio de España, hace un llamado al Gobierno nacional, a los locales y a los ciudadanos para que trabajen unidos en la protección de la vida y la salud, en riesgo por la crisis sanitaria que afronta el país.

P.

¿Por qué dice que esta pandemia de la COVID-19 es como una asamblea constituyente?

R.

Cuando uno quiere cambiar todas las cosas en un país acude a una constituyente que modifica todo el manejo de la cosa pública. Y para hacerle frente a la pandemia, esto es lo que le está tocando al Gobierno nacional, a los departamentales y municipales, a los que hay que tenerles paciencia y ser solidarios con su gestión. El sistema de salud o la economía no estaban preparados y a los ciudadanos nos toca hacer caso y quedarnos en la casa y mantener el distanciamiento social. Lo más importante hoy es salvar vidas y la salud, y luego la economía. 

P.

¿Debe seguir entonces el aislamiento preventivo obligatorio?

R.

No soy experto en temas de salud. Esa es una decisión que debe tomar el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Duque, con el respaldo de las autoridades locales y los ciudadanos debemos dejarnos guiar por lo que ellos nos indiquen. Cuando no estemos de acuerdo con sus determinaciones se lo haremos saber, pero hay que trabajar unidos y lo estamos haciendo en los temas relacionados con los derechos humanos en el país. 

P.

No todos están trabajando de manera desinteresada para atender las necesidades de los ciudadanos. Hay denuncias de manipulación política y de presunta corrupción en la entrega de las ayudas.

R.

La política malentendida tiene que parar. No se puede aprovechar el hambre para poner a la gente en contra de las decisiones de los gobernantes. Si hay dificultades, hay que concertar en las regiones, en las ciudades y en los barrios. No es el momento de hacer política y más bien dejémosla para las elecciones del 2022 o 2023. Como dijo recientemente el expresidente Juan Manuel Santos: dejen trabajar y a quien mande déjenlo mandar. También hay que estar vigilantes para que la corrupción, que es una violación a los derechos humanos, no cumpla su cometido. Cuando se mal invierten los recursos destinados a la alimentación no le van a llegar a la cantidad de ciudadanos que debería, y por eso hay que estar con el ojo avizor para que la corrupción no permee estas ayudas humanitarias.

P.

¿Qué está pasando en el interior de las cárceles?

R.

Estamos visitando las cárceles. Lo hicimos en la de San Isidro de Popayán y en la de Villavicencio, donde en un hecho desafortunado se registró un contagio y pudimos comprobar que los reclusos ya están aislados. Lo de las cárceles es una tragedia humana y nadie quedó contento con el decreto de excarcelación, así lo habíamos advertido desde antes de que se conociera. Todo el mundo tenía y tiene la expectativa de salir de la cárcel, con razón o sin razón. Ahora todos coordinados, Ministerio de Justicia, Inpec, Colegio de Abogados Penalistas, los jueces, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía, tenemos que trabajar rápidamente para que este primer grupo de hasta 5 mil internos se pueda ir a cumplir su pena a sus casas o quienes tengan la opción de la libertad la tomen. La Defensoría va a estar vigilante para que estas personas sigan estando asistidas en salud donde se encuentren, teniendo en cuenta sus condiciones. Nuestra propuesta de excarcelaciones era mucho más garantista y apuntaba a que más personas recuperaran su libertad, y esperamos como dijo la ministra, que vengan otros decretos. Esto no termina el hacinamiento en el país, es una decisión que apunta a evitar un contagio mayor del que ya tenemos.

P.

¿Cuál es la situación de quienes no van a ser excarcelados?

R.

Da lágrima entrar a las cárceles de Colombia que no cuentan con infraestructura adecuada. Hoy tenemos que proteger a los servidores del Inpec y a las personas privadas de la libertad. La Uspec, Unidad Especial de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, debe invertir recursos para que no falten en las cárceles agua, electricidad y la salud que no es de calidad.

P.

Los profesionales de la salud están siendo vulnerados en sus derechos. Denuncian que no cuentan con los equipos de bioseguridad para cumplir con su trabajo, pero además están siendo discriminados.

R.

Este es el país del Sagrado Corazón de Jesús porque los que nos salvan están siendo vulnerados. Yo he estado varis veces en una Unidad de Cuidados Intensivos, por razones de mis enfermedades, y doy fe de la importancia de todos estos profesionales, desde el camillero hasta la enfermera, pasando por los médicos generales y los especialistas. Debemos atacar esa discriminación contra el personal de salud y hay que buscar medidas que garanticen su protección. El Gobierno determinó que la COVID-19 es una enfermedad laboral directa para los trabajadores del sector en prevención, diagnóstico y en atención. Nosotros proponemos que si la muerte del profesional está asociada con el coronavirus, automáticamente las ARL le otorguen una pensión de supervivencia a los beneficiarios que sea tramitada sin ninguna dilación y sin contratar abogados. Esta es una decisión del Gobierno nacional y debe trabajarla con Fasecolda, el gremio de los aseguradores.

P.

Las comunidades indígenas denuncian que no les está llegando lo necesario para vivir en aislamiento. ¿Ha podido la Defensoría comprobar cómo se encuentran?

R.

Es cierto y en algunas regiones hemos tenido reporte de que están afrontando problemas de suministro. Quiero hacer un llamado a los grupos armados al margen de la ley para que permitan el abastecimiento normal en esas zonas rurales y las comunidades indígenas y campesinas puedan contar con productos que no se dan en la madre Tierra. Están poniendo talanqueras pensando que la pandemia es para jugar y si no dejan que esta población acceda a los alimentos, la situación se va a tornar supremamente grave.

P.

¿En qué zonas se está presentando esta situación?

R.

Ocurre en casi todas las zonas de conflicto, pero especialmente Chocó, Tumaco y la Sierra Nevada están siendo las más afectadas por la falta de abastecimiento debido a la presión de los grupos armados al margen de la ley. 

P.

¿Entre esos grupos está el ELN, que había anunciado una tregua unilateral por la pandemia?

R.

Todos los grupos armados ilegales continúan con su actividad en este momento. En cuanto al ELN, los comandantes Fabián y Uriel en el Chocó no han cumplido el cese porque están en una guerra contra las AGC, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, por los controles territoriales del manejo de la hoja de coca en esa región. También en el Cauca, en el municipio de Bolívar, donde fue asesinado un ciudadano que no cumplió con la orden de cuarentena y dicen que habría sido el ELN. Pero, el llamado es en general a las disidencias de las FARC, a los Caparros, a todos. Este virus nos puede llegar a todos, pero si llega a las zonas rurales los mismos integrantes de estos grupos saben que no hay servicio de salud ni para cuidar una gripa, menos para hacerle frente a la COVID-19.

P.

A propósito del ELN, ¿hay espacio para reabrir los diálogos luego de la llegada de Francisco Galán y Felipe Torres?

R.

Colombia debe seguir conversando con el ELN para lograr los caminos de la paz. Galán y Torres, nombrados por el Gobierno como promotores de este diálogo, son dos históricos de la paz, conocedores de procesos y no se deben descalificar. Es el momento oportuno para hablar y hay que resolver el caso del gestor de paz que tenía el ELN, Juan Carlos Cuéllar, que él ya pagó parte de su condena que era de 15 años, y venía cumpliendo una labor importante; pero en diciembre, por orden judicial, fue capturado y está en la cárcel. Es una persona fundamental para trabajar con Galán y Torres y seguir allanando este camino. Colombia no se merece la guerra, se merece la paz. Hay problemas estructurales muy grandes en el país, la salud, la educación, que tenemos que abordar con mucha inteligencia y ahora tenemos que afrontar la COVID-19. Pero hay que avanzar con el ELN y yo les pido a ellos que liberen a los secuestrados que tienen en el Chocó, que dejen de reclutar forzosamente a niños que luego tenemos que enterrar y no coloquen más minas porque la gente en muchas regiones del país ya no puede caminar con libertad. Eso no tiene sentido.

P.

Además, en plena pandemia siguen matando a líderes sociales.

R.

Ni siquiera la pandemia ha dejado a los asesinos tranquilos. En el Putumayo fue asesinado un líder colombo-ecuatoriano, Marco Rivadeneira, mientras se libra una nueva guerra entre las disidencias de las FARC y un nuevo grupo que se hace llamar La Mafia. Y están amenazando a servidores de entidades como la Defensoría del Pueblo. En Córdoba, líderes sociales están recibiendo amenazas por redes sociales y en Bolívar también intimidaron al Consejo Comunitario del Níspero. Estamos dándoles las garantías cuando nos advierten de estas amenazas para que, en asocio con la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional, se resguarde sus vidas de manera extraordinaria. 

P.

¿Están recibiendo atención los migrantes venezolanos?

R.

Los alcaldes les han prestado ayuda con sus recursos y con el apoyo de las agencias internacionales. Los venezolanos están desesperados porque no tienen trabajo y por eso están volviendo a su país, buscando el arraigo de su tierra. Volverán cuando pase esto, pero eso se demorará porque la pandemia no acaba el 27 de abril, todo lo contrario. Será en ese momento cuando arrancará un mayor ejercicio en el cuidado y en el distanciamiento social.

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