La Corte Suprema de Justicia rechazó este viernes lo ocurrido con los tres magistrados de las altas cartes a quienes el gobierno de Estados Unidos les canceló la visa.
La medida del gobierno norteamericano cobija a los magistrados Eyder Patiño, Antonio Lizarazo, Diana Fajardo.
El alto tribunal señaló, por medio de un comunicado, que 'la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional representan a la jurisdicción ordinaria y la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución Nacional. En el ejercicio de sus funciones como jueces, solo están sometidas al imperio de la ley'.
Agregaron que 'cualquier interferencia, acto injusto, persecución, seguimiento o interceptación ilegal contra sus magistrados, es también una agresión contra la independencia judicial, la cual no es un privilegio de los jueces, sino una garantía de los ciudadanos y bastión de los Estados constitucionales que todas las democracias deben defender como una de las mayores conquistas de la civilización'.
Por esta razón, contestaron sobre lo ocurrido con los magistrados y señalaron que 'la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia rechaza el sistemático ataque a la integridad del Poder Judicial en general y, en particular, contra algunos magistrados de la Corte Constitucional y el presidente de la Sala de Casación Penal. La Corporación alienta a los jueces a permanecer fieles al cumplimiento de su deber y alejados de presiones indebidas, al tiempo que hace un llamado a la sociedad y a las instituciones a rodearlos de garantías en el desempeño de su misión'.
No está claro si la cancelación de las visas tiene que ver con los trámites que le interesan a EEUU. (extradición y erradicación de cultivos ilícitos) 'pero ante el rumor, y lo ocurrido con algunos congresistas, cada funcionario debe mantener a salvo su independencia para decidir sobre eventuales asuntos que tengan que ver con intereses de otros estados', agregó Héctor Vargas, profesor constitucionalista de la Universidad Externado, en diálogo con EL HERALDO.
Desde el Congreso también se pronunciaron sobre lo ocurrido. La representante a la Cámara, Juanita Goebertus, muy cercana al proceso de paz, aseguró que 'tomar estas decisiones, en medio de los actos legislativos y de las discusiones de la Corte Constitucional, pues constituye una presión indebida que genera una injerencia en las decisiones soberanas de Colombia sobre temas de construcción de paz, extradición y otros. Colombia se respeta y no puede ser que Estados Unidos haga uso del sistema de visas para presionar decisiones legislativas y judiciales'.
El Consejo de Estado también levantó la voz y dijo que respeta la autonomía delos estados, 'pero no debe utilizarse absolutamente ningún elemento, decisión o actuación como mecanismo de presión o represalia frente a las decisiones judiciales, por cuanto esto afecta la autonomía esencial en la actividad judicial, bajo esta premisa somos solidarios con la autonomía e independencia de la Corte Constitucional'.
