La Contraloría General de la República solicitó al Gobierno nacional la documentación que respalde el uso de $8,68 billones de pesos destinados a atender la emergencia económica, y advirtió que estos recursos deben ejecutarse mediante un Plan de Acción Específico liderado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
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A comienzos de febrero, el Ejecutivo declaró la emergencia económica debido a las intensas lluvias en el norte del país, las cuales han dejado más de 335.000 personas damnificadas, principalmente en el departamento de Córdoba.
“Para efectos de diseñar e implementar el plan de vigilancia y control fiscal del recaudo, destinación y uso de los recursos de esta Emergencia Económica, Social y Ecológica, la Contraloría solicitará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la UNGRD y a los demás Ministerios de los sectores involucrados, los soportes que explican satisfactoriamente la necesidad de recaudar hasta $8,68 billones y la forma en que se decidió distribuirlos entre la UNGRD y los demás ministerios de los sectores afectados”, se lee en el comunicado.
Asimismo, el organismo de control también alertó que trasladar partidas del presupuesto hacia la UNGRD podría generar desfinanciación en otros programas, por lo que consideró fundamental definir desde ahora los mecanismos para reponer esos recursos.
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Además, recomendó no redirigir dineros provenientes de los fondos de energía hacia esa entidad, al considerar que no cuenta con “la experticia ni estructura organizacional para gestionar el diseño, ejecución e interventoría” de las obras destinadas a la recuperación de la infraestructura eléctrica afectada.
Por otro lado, otro de los puntos advertidos por la Contraloría tiene que ver con la posible modificación en las reglas de operación de los embalses, lo que podría derivar en incumplimientos de contratos por parte de las hidroeléctricas. Esto se relaciona con uno de los 18 decretos expedidos en el marco de la emergencia, que autoriza al Gobierno a ajustar obligaciones ambientales de estas empresas.
Asimismo, el ente de control instó a la Dian a mantener estrictos controles en el recaudo de los nuevos tributos, incluido el impuesto al patrimonio.
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Este último comenzará a aplicarse a las empresas a partir del próximo 1 de abril. Frente a ello, el Consejo Gremial, que agrupa a más de 30 sectores, ha advertido que la medida podría provocar un “deterioro económico sin precedentes”, razón por la cual ya solicitó su suspensión ante la Corte Constitucional.
