El presidente Gustavo Petro anunció esta semana la liquidación de las EPS que se encuentren en quiebra luego de que el Tribunal Administrativo de Antioquia suspendiera su decreto destinado a reorganizar la afiliación de 6 millones de usuarios y que buscaba transferir a alrededor de 3 millones de personas hacia la cuestionada Nueva EPS.
“Lo que sí sería un suicidio para el país es sacar $50 billones del Gobierno para trasladarlos para pagar la deuda de las EPS. Es mejor que se liquiden”, dijo, pidiendo al ministro de Hacienda, Germán Ávila, preparar los proyectos legislativos correspondientes, y al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, revisar los estados financieros de las EPS y dar inicio a los trámites de liquidación de las quebradas.
La medida del tribunal
El Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó una medida cautelar de urgencia dentro de una demanda que cuestiona el Decreto 182 de 2026, expedido por el Gobierno para la polémica reorganización.
El juez expuso que la norma podría provocar traslados masivos de cerca de 6 millones de usuarios, concentrando afiliados en Nueva EPS y dejándola como única aseguradora en 502 municipios, lo que pondría en riesgo el acceso y la libre elección.
Las EPS en riesgo
La medida de Petro de liquidar las EPS afectaría a aproximadamente 12 millones de afiliados en todo el país, lo que representa cerca del 43 % de la población.
Las EPS liquidadas corresponderían a entidades que ya se encontraban bajo intervención estatal debido a problemas financieros y administrativos.
Se trata de Famisanar, con 2,9 millones de afiliados; Coosalud, con 3,2 millones; Asmet Salud, con 1,8 millones; Emssanar, con 1,7 millones; Savia Salud, con 1,6 millones; Servicio Occidental de Salud, con 750.000; y Capresoca, con 170.000 afiliados.
El Ejecutivo sostiene que estas EPS son inviables financieramente debido a deudas acumuladas que superan los $32 billones. Según explicó el mandatario, los problemas no solo responden a la falta de recursos, sino también a deficiencias estructurales en la gestión y administración.
Además, el Ejecutivo también ha señalado presuntos manejos indebidos de los recursos del sistema por parte de operadores privados, lo que, según su postura, justifica una intervención más profunda.
El caso Nueva EPS
Uno de los focos principales de la crisis es la Nueva EPS, cuya deuda creció un 198 % entre 2022 y 2025, pasando de $5,42 billones a $21,37 billones.
Además, la entidad pasó de tener patrimonio positivo a registrar un saldo negativo de $6,25 billones, lo que pone en riesgo la atención de más de 11 millones de afiliados.
Precisamente, pese a que la Nueva EPS tiene graves problemas financieros, Petro aclaró qué pasará con esta entidad: “La Nueva EPS pública será adscrita al Ministerio de Salud y Hacienda y el Gobierno pagará la deuda que le pertenece directamente a sus acreedores a través de la Adres”.
Por esto, adelantó, no sería liquidada sino que sería el principal receptor potencial de los afiliados de otras EPS, lo que preocupa al sector ya que esta no cuenta con la capacidad.
Los líos del revolcón
La liquidación de estas EPS plantea un escenario de alta presión. Expertos advierten posibles efectos como congestión en hospitales y clínicas, interrupciones en tratamientos médicos, retrasos en la entrega de medicamentos y aumento de quejas por fallas en la atención.
De hecho, ya se han reportado incrementos significativos en reclamaciones de usuarios, junto con embargos que superan los $2 billones en algunas entidades.
Qué dicen las EPS
Ana María Vesga, presidenta de Acemi, gremio de las EPS, dijo en la emisora Blu Radio que le preocupa que el anuncio del presidente no quedó claro y que afecte algo tan serio como la vida de los colombianos y el sistema de salud.
“No es claro nada de lo que dijo el presidente... lo que sí creemos es que nuevamente el Gobierno está jugando con la vida de los colombianos”, dijo.
Vesga indicó que, técnicamente, las únicas entidades que hoy podrían calificarse como “quebradas” por el incumplimiento de sus indicadores patrimoniales son precisamente las ocho EPS que ya han sido intervenidas por el mismo gobierno.
Desde Acemi coinciden con otros sectores que califican los anuncios de Petro como otro intento de adelantar la reforma a la salud por medio de decretos. Incluso se habla de que hay un intento de consolidar a la Nueva EPS como el gran operador único del aseguramiento en el país.
Colapso hospitalario
La Federación Nacional de Departamentos, FND, en nombre de los gobernadores del país, alertó que hacer esto sin una transición territorial pone en riesgo a los pacientes y provocará el colapso hospitalario.
“Las ocho EPS intervenidas adeudan $10,6 billones solo a los hospitales públicos del país. La experiencia histórica es determinante: en las 60 EPS liquidadas o en proceso de liquidación registradas, entre el 99,1 % y el 99,3 % de toda su cartera con los hospitales se convierte en deuda irrecuperable”, advirtió.
Petición a la Corte
Pacientes Colombia, a su vez, a través de su vocero, Denis Silva, dijo que lo de Petro es “una retaliación al fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia de suspender transitoriamente el Decreto 182, el cual pretendía trasladar sin criterios técnicos a cerca de 6 millones de ciudadanos, y de estos 2,6 millones de pacientes se irán directamente a la Nueva EPS”.
Y advirtió que la liquidación podría trasladar al menos 25 millones de personas a la Nueva EPS.
Por ello, pidió a la Corte Constitucional declarar de manera inmediata el estado de cosas inconstitucional en salud, y a la Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo y Fiscalía convocar de manera prioritaria una mesa de manejo de crisis con todos los actores del sistema.
Lo que dice Minsalud
El ministro de Salud aseguró que el Gobierno avanza en la liquidación de las EPS en quiebra y advirtió que solo quedarán las que cumplan con una atención óptima.
“No hay que tener ninguna preocupación. El anterior gobierno liquidó 11 EPS, que atendían a más de 10 millones de personas. En esta ocasión, les decimos que nadie se quedará sin atención, porque resulta que los colombianos reciben y tienen una financiación que la pagamos todos. Este año son $112 billones. Solo quedarán las EPS que sirvan, que entreguen medicamentos y no que estén sustrayendo el dinero”, sostuvo Jaramillo.
