Una nueva advertencia relacionada con la contratación estatal llegó ante la Procuraduría General de la Nación. En esta ocasión, la Red de Veedurías de Colombia radicó una queja disciplinaria solicitando que se examinen posibles anomalías en los procesos para contratar los servicios de vigilancia y seguridad privada del Servicio Nacional de Aprendizaje en distintas zonas del país.
De acuerdo con el documento presentado, los contratos en cuestión, que en total superarían los 190.000 millones de pesos, estarían estructurados con exigencias técnicas y condiciones que, en la práctica, solo podrían ser cumplidas por un grupo reducido de oferentes. Esta situación, advierte la organización, podría evidenciar un eventual direccionamiento de dichos procesos.
Asimismo, la acción fue impulsada por el presidente de la veeduría, Pablo Bustos Sánchez, quien solicitó que se analice la posible responsabilidad del director del Sena, su secretario general y otros funcionarios. Según la queja, estas prácticas podrían estar afectando la libre competencia en la adjudicación de los contratos.
Uno de los aspectos más polémicos señalados en la denuncia es el uso de los llamados “pliegos sastre”, es decir, condiciones diseñadas a la medida que restringirían la participación de múltiples oferentes. El documento indica que en varios procesos se habrían solicitado perfiles con requisitos poco habituales en el mercado, como posgrados específicos, certificaciones técnicas particulares y experiencia altamente especializada, incluso para cargos operativos.
Además, la Red de Veedurías advierte que algunas compañías del sector de seguridad privada habrían sido beneficiadas en procesos similares en otras entidades públicas. Entre ellas se mencionan Detección Ltda., Seguridad Fénix de Colombia y Atalaya Seguridad Ltda., que, según la denuncia, habrían participado en licitaciones con un único proponente o bajo condiciones que limitarían la competencia.
Finalmente, los contratos observados están distribuidos en varias regionales del Sena. En Meta sumarían cerca de 33.305 millones de pesos; en Cundinamarca, alrededor de 38.860 millones; en Risaralda, unos 41.174 millones; y en Sucre, aproximadamente 48.019 millones. Estos recursos buscan garantizar los servicios de vigilancia en diferentes departamentos, con ejecución proyectada hasta finales de 2026.
Por el momento, el Sena no ha emitido una respuesta oficial frente a estos señalamientos. Entre tanto, el organismo de control deberá determinar si existen fundamentos suficientes para abrir una investigación disciplinaria que permita esclarecer si hubo o no irregularidades en estos procesos contractuales.
