El Gobierno nacional expidió un nuevo paquete de decretos para ampliar las medidas adoptadas dentro de la emergencia económica declarada por las fuertes lluvias que han provocado inundaciones en varias regiones del país. Con estas decisiones, el Ejecutivo busca fortalecer las herramientas financieras y administrativas destinadas a la atención de los damnificados en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, departamentos que han registrado afectaciones por la temporada de lluvias.
Entre las decisiones adoptadas, el Ejecutivo otorgó facultades extraordinarias a gobernadores y alcaldes de los departamentos afectados por las inundaciones.
Con estas atribuciones, las autoridades territoriales podrán implementar nuevos tributos o realizar traslados presupuestales para responder a los daños causados por el frente frío que ha provocado las emergencias invernales en la región Caribe y otras zonas del país.
Impuestos
Una de las medidas amplía el impuesto al patrimonio a empresas internacionales que operan en Colombia o que tienen sucursales en el país con patrimonios superiores a 200.000 UVT, equivalentes a cerca de 10.400 millones de pesos.
Además, el Ejecutivo reactivó el IVA del 16 % para los juegos de suerte y azar en internet. Con esta decisión se busca reforzar el recaudo fiscal en medio de la crisis climática.
Según el Ejecutivo, los recursos obtenidos con estas medidas se destinarán exclusivamente a la atención de los damnificados en los departamentos afectados por las inundaciones.
Otras medidas
El paquete de medidas también incluye disposiciones para garantizar el acceso a servicios públicos a las personas afectadas por la emergencia climática. Según uno de los decretos, los servicios domiciliarios de gas y energía deberán continuar prestándose a los damnificados en las zonas impactadas por las inundaciones.
El paquete normativo también contempla medidas dirigidas a mitigar los impactos económicos de la emergencia en los sectores productivos. Entre las disposiciones se incluyen apoyos a pequeños productores, acciones para reactivar los sistemas agroalimentarios y medidas de alivio para pequeños mineros afectados por las inundaciones.
Rechazo generalizado
Los gremios empresariales han alertado sobre la inviabilidad del impuesto al patrimonio para personas jurídicas. Fenalco, AmCham, la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) y Andesco aseguran que el plan de recaudo afectaría la sostenibilidad de las empresas.
En ese sentido, María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, dijo que el Decreto 0240 de 2026 convierte la excepcionalidad en atajo: revive y amplía cargas tributarias, y reintroduce por decreto medidas que el Congreso no avaló por la vía ordinaria.
Por su parte, Camilo Sánchez, presidente de Andesco, dijo que se trata de una movida tributaria “muy peligrosa”, pues se suma a otros retos que enfrenta el país, como el incremento del salario mínimo, los cambios introducidos por la reforma anterior y las modificaciones laborales.
Acto seguido, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, aseguró que fue “apresurada” y “carece de sustento técnico”.
En ello, a su juicio, expresó que fijar tarifas confiscatorias para los sectores minero y financiero es inviable para las empresas.
Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), dijo que el impuesto al patrimonio, con una tarifa diferencial del 1,6 % para el sector minero-energético, más de tres veces la de otros sectores, representa un desincentivo a la actividad de exploración y producción en un sector que ya enfrenta una de las cargas tributarias más altas entre las actividades económicas del país.
Por su parte, Nilson Pinilla, ex magistrado de la Corte Constitucional, expresó que esto es una manifestación de abuso de la rama ejecutiva.
“No existe una tragedia notable, solamente están las inundaciones en Córdoba; sin embargo, esto puede atenderse mediante otros mecanismos diferentes. El orden público no está alterado de manera excepcional, entonces, sino que viene alterado por toda la permisividad que se le ha dado al ELN para seguir tomando territorio y seguir abusando de la fuerza que le da el narcotráfico”, dijo.
Gobierno adiciona $8,6 billones al PGN
Uno de los puntos centrales del decreto es el papel de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que será la entidad encargada de coordinar la ejecución de gran parte de los recursos destinados a la emergencia. Según la norma, esta entidad recibirá una adición presupuestal superior a 6,34 billones de pesos, con los cuales liderará las acciones de recuperación temprana, rehabilitación de territorios afectados y articulación con los diferentes sectores del Gobierno.
