Tras el incremento del salario mínimo para 2026, analistas fiscales advirtieron que la medida podría profundizar las brechas entre el empleo formal y la informalidad en el país.
Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, señaló que una política salarial concebida para reducir la pobreza y garantizar un ingreso vital “solo beneficia realmente a quienes logran mantenerse dentro del empleo formal”.
Según el experto, el aumento deja por fuera a un amplio segmento de la población ocupada. “El ajuste termina manteniendo al 42 % de los trabajadores autoempleados en las mismas condiciones de precariedad, obligados a subsistir en la informalidad, vendiendo a sol y agua en las calles”, explicó.
Salazar advirtió además que el impacto negativo recaerá con mayor fuerza sobre las pequeñas y medianas empresas, que enfrentan serias limitaciones para absorber el alza de los costos laborales. “Muchas pymes no tendrán margen para expandir su planta de personal, e incluso podrían verse obligadas a reducirla”, afirmó.
En cuanto a los trabajadores informales, el académico sostuvo que sus ingresos reales se han venido deteriorando, pues no logran seguir el ritmo de los aumentos del salario mínimo. “Las subidas elevadas terminan consolidando dos Colombias completamente segregadas: una formal y otra informal”, alertó.
Finalmente, Salazar cuestionó la idea de que un mayor salario mínimo, por sí solo, pueda corregir desigualdades estructurales. “Pensar que toda Colombia es una gran empresa que se queda con una tajada excesiva del trabajo es desconocer la realidad de un país con alta informalidad y un desempleo que duplica el promedio de América Latina”, señaló.
En ese sentido, hizo un llamado a replantear la estrategia laboral del país y a priorizar políticas públicas orientadas a mejorar la productividad de las pequeñas empresas, impulsar el fomento industrial y generar condiciones reales para la creación de empleo formal.
