Los investigadores de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que llevan la indagación preliminar contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña, se inclinan por inhibirse de continuar el caso por “carencia de sustento probatorio”, según el borrador de un fallo al que tuvo acceso exclusivo EFE.
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El triunvirato de la comisión, conformado por dos congresistas del Pacto Histórico, la coalición de izquierdas que llevó a Petro al poder en 2022, y uno del Partido de la U, señala en ese borrador de “cierre de la etapa de indagación previa” que se inhibe porque buena parte de las pruebas corresponden a reportes de prensa que no pudieron ser corroborados.
En caso de que el texto, una vez definitivo, sea presentado, probablemente la próxima semana, a la Comisión de Acusación -única instancia que puede investigar al presidente- y esta lo apruebe, el proceso contra el mandatario no avanzaría hacia una investigación formal.
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El documento, de 250 páginas, también declara caducadas todas las denuncias presentadas después de los 30 días siguientes a la elección presidencial de 2022 y ordena enviar el fallo a la Fiscalía y al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que sirva en los procesos contra el gerente de la campaña de Petro y hoy presidente de la estatal petrolera Ecopetrol, Ricardo Roa.
Este borrador se conoce en el mismo día en que, según adelantaron medios locales, el CNE sancionó a Roa y a otros implicados en la campaña presidencial de Petro por exceder los límites de financiación en primera y segunda vuelta en más de 3.500 millones de pesos (unos 940.000 dólares de hoy) y recibir aportes prohibidos.
Petro “no administró recursos”
El triunvirato investigador de la Comisión de Acusación, que integran los congresistas Alirio Uribe Muñoz, Gloria Arizabaleta y Wilmer Ramiro Carrillo, sostiene en el borrador del auto que “el acervo probatorio obrante en este expendiente demuestra, en sentido diametralmente opuesto” a lo denunciado, que Petro “no permitió la consecución ni el ingreso de bienes o dineros provenientes de fuentes prohibidas, sino que impartió directrices expresas para impedirlo”.
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El documento defiende, además, que el presidente “no administró los recursos de la campaña presidencial, ni tuvo injerencia directa en las operaciones contables o financieras”, pues la gerencia de Roa “asumió de manera exclusiva la dirección económica de la campaña”.
“No solo no hubo voluntad de sobrepasar los límites de gasto, sino que se acreditó la existencia de controles internos y externos orientados precisamente a asegurar su cumplimiento”, agrega.
Por ejemplo, sobre los aportes de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) —que según el CNE debieron ser reportados por haberse destinado a actividades de campaña, aunque fueron canalizados a través de Colombia Humana, el partido de Petro—, el borrador del fallo defiende que esos recursos “no ingresaron a la contabilidad de la campaña presidencial”.
Los ‘Petrovideos’
Desde que la Comisión de Acusación asumió este caso, en marzo de 2023, el triunvirato ha practicado inspecciones judiciales en el CNE y en la Fiscalía General de la Nación, y ha escuchado a una quincena de testigos —entre ellos Roa y la excanciller Laura Sarabia—, aunque la indagación previa ha sido suspendida varias veces.
Esto debido, por un lado, a recusaciones que cuestionaban la imparcialidad de dos de los tres investigadores por su filiación política, y, por otro, a un conflicto de competencias que la Corte Constitucional resolvió a mediados de este año al determinar que, en virtud del fuero presidencial, la investigación sobre el papel del mandatario en la financiación de su campaña correspondía a la comisión congresional y no al CNE.
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Este caso se inició por una denuncia presentada en junio de 2022 ante la Corte Suprema por Socorro Oliveros Hernández, gerente de la campaña presidencial del candidato Rodolfo Hernández, rival de Petro en la segunda vuelta, y según los investigadores de la Comisión de Acusación, es la única que se presentó dentro del término legal.
Según el triunvirato, dicha denuncia se sustentaba “principalmente” en audios y videos difundidos por la Revista Semana, conocidos como ‘Petrovideos’, donde se mostraban momentos privados de la campaña del hoy presidente hablando de la estrategia electoral, incluidas maniobras para desprestigiar a rivales, recibir dinero y conversar con narcotraficantes presos.Sin embargo, para los investigadores de la Comisión, “la falta de información verificable respecto al origen, trazabilidad y condiciones de obtención de los videos y audios aportados por la denunciante impide establecer con certeza su autenticidad, su integridad técnica y, por tanto, su validez procesal”.
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“La posibilidad de que se trate de grabaciones realizadas clandestinamente, sin autorización judicial, refuerza la hipótesis de una vulneración grave del derecho fundamental a la intimidad”, señala el documento, que además recuerda que “ya existe un precedente de nulidad de estas pruebas por parte de la Corte Suprema y la Fiscalía General de la Nación”.
