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Las disidencias de las Farc tienen un alto grado de infiltración en las principales instituciones de seguridad del Estado y del gobierno del presidente Gustavo Petro, como la Fiscalía, el Ejército, la Policía y las agencias de inteligencia, reveló una investigación del noticiero Noticias Caracol.

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El canal de televisión señaló que tuvo acceso exclusivo a información guardada en computadores, teléfonos celulares y memorias USB que fueron incautadas a jefes de las disidencias el 23 de julio de 2024 en un retén militar en la localidad de Anorí, Antioquia.

En uno de los correos revelados, con fecha 8 de febrero de 2024, Alexander Díaz, alias Calarcá, jefe del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), le da instrucciones a uno de sus hombres para reunirse con un oficial al que la investigación identifica como el general retirado Juan Miguel Huertas.

El oficial, que regresó al servicio activo y es el actual jefe del Comando de Personal del Ejército, les propuso a los disidentes la creación de una empresa de seguridad de fachada para que pudieran moverse en vehículos blindados y portar armamento legalmente.

“El general dice que la montemos mitad y mitad, que él se consigue los permisos y que nosotros pongamos los muchachos y las armas” para que cuando los diálogos de paz del Gobierno con el EMBF fracasen, las disidencias puedan quedar “con hombres legales”.

Protección a disidencias

El oficial también les ofreció protección para sus desplazamientos y les dijo “que el vínculo con el presidente le daba para movilizarlos (...) con orden de no pararlos en ningún lado”.

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Sobre los supuestos vínculos del oficial con Petro, el programa recuerda que Huertas fue retirado del Ejército en 2022 por orden del entonces comandante de esa fuerza, general Eduardo Zapateiro, y meses después, junto con otros dos generales retirados, se sumó a la campaña electoral del hoy mandatario, que incluso le dio la bienvenida en su cuenta de X.

El pasado 6 de agosto, Petro reintegró a Huertas al servicio activo y quedó al frente del Comando de Personal del Ejército.

Otro alto funcionario mencionado en la carta del jefe de ese bloque de las disidencias es Wilmar Mejía, un licenciado en educación física que en el actual gobierno se convirtió en un importante agente de inteligencia del Estado gracias a su cercanía con Petro.

Según Noticias Caracol, la información a la que tuvo acceso está en manos de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien al parecer no solo no ha investigado ese material, sino que el día en que fueron incautados ordenó la liberación de cuatro guerrilleros detenidos, entre ellos aliás Calarcá, con el argumento de que eran gestores de paz.

Campaña de Petro

La investigación periodística revela además conversaciones entre jefes de las disidencias en las que hablan de supuesto apoyo de esa guerrilla a la campaña presidencial de Petro en 2022.

Mauricio Dueñas Castañeda/EFEPetro y Francia Márquez

El presunto apoyo se dio por medio de la hoy vicepresidenta Francia Márquez, indica un chat entre Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, jefe del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las Farc, y otros guerrilleros.

“Todo se hizo a través de Francia Márquez”, señala, sin dar detalles, el diálogo publicado.

El 20 de marzo de 2024, ‘Iván Mordisco’ ya había dicho que el EMC apoyó la campaña electoral de Petro, luego de que el mandatario dijera que el jefe de las disidencias es “un ‘traqueto’ (narcotraficante) vestido de revolucionario”.

“Gustavo Petro me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda (fundador de las Farc). Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos. Además de traicionarnos, traicionó al pueblo que lo respaldó por su discurso progresista y de paz, hoy impulsa la guerra y el capitalismo”, expresó entonces ‘Mordisco’ en una cuenta de X.

Investigaciones

Varias autoridades anunciaron este lunes la apertura de múltiples investigaciones tras el escándalo. La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) informó que activó “todas las acciones necesarias” para garantizar “total claridad y transparencia” frente a supuestas comunicaciones que vinculan al director de Inteligencia, Wilmar Mejía, con jefes de las disidencias.

El servicio de inteligencia negó, sin embargo, que existan “órdenes” o “trazabilidad” que relacionen a Mejía con reuniones en Venezuela o contactos con grupos armados ilegales, como sugirió el informe.

Desde que se conocieron las revelaciones, la DNI puso en marcha dos investigaciones paralelas: una interna, adelantada por la Dirección de Contrainteligencia, y otra independiente bajo la conducción de la inspectora general, Isabel Molina, funcionaria nombrada directamente por Petro.

En paralelo, la Procuraduría General abrió otras dos investigaciones: una contra el general retirado Juan Miguel Huertas —hoy jefe del Comando de Personal del Ejército— y otra contra Mejía por sus presuntos vínculos con miembros de las disidencias.

El comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, por su parte, anunció que realizará investigaciones “de rigor en articulación con las autoridades competentes” y reiteró la política de “cero tolerancia a la ilegalidad”.

Márquez responde

Sobre las aparentes conversaciones entre la vicepresidenta y alias Iván Mordisco, en las que se menciona un supuesto apoyo del grupo armado a la campaña presidencial de Petro, Márquez rechazó este lunes “categóricamente” esos señalamientos, que calificó de “malintencionados”, y aseguró que no existe “ninguna prueba fehaciente” de su veracidad.

Añadió que su campaña fue “genuina y transparente” y que jamás ha recibido apoyo de criminales: “Quien afirme lo contrario debe demostrarlo ante la justicia”.

Estas graves revelaciones de presuntos nexos entre el Gobierno y la fuerza pública con las disidencias estallan en un momento clave del proceso de diálogo con el EMBF, con el que el Gobierno acaba de cerrar su séptimo ciclo de negociaciones de paz.

Mindefensa explica

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, afirmó que la asociación con criminales es “una línea roja” que no se debe cruzar, “y quien se aparte del deber constitucional será investigado con la máxima celeridad y rigor, enfrentando todo el peso de la justicia”.

Por ello, el funcionario ordenó “una investigación rigurosa” de las denuncias, y agregó que el Ministerio de Defensa ”no permitirá, bajo ninguna circunstancia, actos de corrupción, ilegalidad o traición a la patria por parte de miembros activos o retirados”.