Preocupada se mostró la Corporación Justicia y Democracia (Corjusticia) con las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la absolución de Álvaro Uribe de los dos delitos que se le indilgaban en el caso de Iván Cepeda.
Lea también: “Espero a Bogotá entera”: Petro convoca concentración tras absolución del expresidente Uribe
“Corjusticia rechaza las manifestaciones realizadas por el señor Presidente de la República, doctor Gustavo Petro, durante el Consejo de Ministros celebrado ayer 21 de octubre, en el cual cuestionó el fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá, a través del que se absolvió al señor Álvaro Uribe Vélez de la comisión de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal”, comenzaron diciendo.
Para la corporación es “inadmisible” que el presidente de Colombia “obligado a respetar y a fomentar la observancia del principio de división de los poderes públicos” critique públicamente las decisiones judiciales.
Corjusticia hizo referencia a las declaraciones del jefe de Estado en las que afirmó que es “triste que en Colombia pasen esas cosas y ya veremos si la Corte Suprema admite eso o no, si hay justicia o los carteles de la toga siguen manejando esto”.
Para los jueces y magistrados que conforman esta organización, este tipo de afirmaciones pueden afectar la percepción que tiene la ciudadanía sobre el funcionamiento del poder judicial en Colombia e inclusive “concitar riesgos para la estabilidad de la democracia en Colombia” por la “naturaleza especial de su emisor”.
Lea también: Petro destituye en vivo al viceministro de Agua durante tenso consejo de ministros
“Con el acostumbrado respeto, pero de forma contundente, se exhorta al señor presidente de la República, a las autoridades públicas, a los medios de comunicación, a las partes e intervinientes del proceso mencionado y en general a toda la comunidad, respetar y acatar las decisiones judiciales”, insistieron.
Así pues, le solicitaron a todas las autoridades, principalmente al Gobierno nacional y al Consejo Superior de la Judicatura, como máximo órgano administrativo de la rama judicial en Colombia, para que les garantice a los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá las “condiciones necesarias de protección” para que puedan seguir ejerciendo y cumpliendo sus funciones.