Tres días duró la inspección de la Procuraduría General de la Nación al Ministerio de Relaciones Exteriores con el fin de establecer si hubo participación de funcionarios en la gestión de la residencia del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González Merchán, en Nicaragua.
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Según el ente de control, en la diligencia fueron revisados más de 600 correos electrónicos y se tomó declaración a un funcionario de la embajada de Colombia en Managua.
El equipo de la Procuraduría también recopiló circulares, manuales de protocolos y de servicio, además de comunicaciones internas que datan desde junio de 2024 hasta la fecha, en las que aparecen mencionados funcionarios y exfuncionarios de la Cancillería, incluidos la actual ministra Rosa Villavicencio, excancilleres y viceministros.
La actuación disciplinaria busca esclarecer si desde la Cancillería o la embajada en Nicaragua se adelantaron trámites para que González Merchán obtuviera la cédula de residencia, la residencia formal y el permiso de ingreso otorgados por el gobierno nicaragüense.
La Procuraduría asumió el proceso que inicialmente llevaba la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco de la indagación previa abierta por la Sala de Instrucción Disciplinaria.
Como se sabe, Carlos Ramón González es requerido por la justicia colombiana por su vínculo con el caso de corrupción en la UNGRD.
La Cancillería ha insistido en que no pidió al gobierno nicaragüense que se renovara el estatus migratorio de González. Y es que supuestamente el ministerio envió una nota verbal de fecha 21 de mayo de 2025, suscrita por el encargado de Negocios de la Embajada de Colombia en Nicaragua para que le renovaran la residencia al hoy prófugo que estaba próxima a vencerse.
Sin embargo, la Cancillería colombiana asegura que la solicitud “no fue consultada ni autorizada” por ellos.
