Una fuerte advertencia hicieron seis exministros de Hacienda y Transporte frente al borrador de decreto divulgado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el cual plantea la redistribución de vigencias futuras ya aprobadas en contratos de concesión bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP).
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En una carta pública dirigida al Gobierno y a la opinión, calificaron la propuesta como inconstitucional e ilegal, y señalaron que su aplicación abriría la puerta a demandas millonarias contra el Estado.
El documento, firmado por Ángela María Orozco, José Antonio Ocampo, Germán Cardona, Juan Carlos Echeverry, José Manuel Restrepo y Juan Camilo Restrepo, sostiene que el Ejecutivo no tiene competencia para modificar compromisos financieros de largo plazo, pues estas decisiones solo corresponden al legislador. Además, señalan que “desconoce instancias y procedimientos actualmente regulados en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y en la ley de Asociaciones Público-Privadas”.
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Los exministros también recordaron que la Contraloría General, en cabeza de Carlos Hernán Rodríguez, ya había advertido que las vigencias futuras pactadas en contratos de concesión no pueden alterarse de manera unilateral. En su concepto, expedir un decreto en ese sentido podría derivar en responsabilidades disciplinarias y fiscales para los funcionarios que lo promuevan.
Otro de los puntos de preocupación es la posible reacción de los concesionarios. Según el pronunciamiento, una redistribución forzosa de recursos “estaría incumpliendo lo pactado en los contratos de concesión vigentes”, lo que daría lugar a demandas onerosas.
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A ello se sumaría el riesgo de frenar la inversión privada y minar la confianza en el modelo de APP, considerado crucial no solo para la construcción de carreteras sino también para proyectos de infraestructura social.
El caso del corredor El Estanquillo-Popayán fue señalado como ejemplo de las paradojas que generaría la medida. Esta obra, presentada como la principal apuesta del actual gobierno en materia vial, depende en un 97 % de vigencias futuras debido a que solo contará con un peaje. Aunque el borrador no tocaría inicialmente esos recursos, los exministros advirtieron que un próximo gobierno sí podría hacerlo, dejando en la incertidumbre su ejecución.
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“En el caso de El Estanquillo-Popayán, el 97% de su financiación dependerá de vigencias futuras por cuanto el corredor contará tan solo con un peaje. Bajo ese escenario, surgiría entonces un clima de incertidumbre y desconfianza que, evidentemente, dejaría al mercado sin garantías ni apetito para presentar ofertas dentro del proceso licitatorio. Ello apuntaría a su declaratoria desierta”, precisaron los exfuncionarios.
En su declaración conjunta, los exfuncionarios hicieron un llamado al Ejecutivo para que desista de la expedición del decreto y evite un escenario que, según expresaron, “dinamitaría la seguridad jurídica, paralizaría proyectos estratégicos y minaría la confianza en las APP, herramienta vital para carreteras e infraestructura social”.
