La Sección Quinta del Consejo de Estado, respecto al proceso de pérdida de investidura que se inició en contra del senador Miguel Uribe Turbay, tomó la decisión de solicitar a su esposa, María Claudia Tarazona, asignar un abogado que pueda representar al precandidato presidencial.
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En lo emitido por el Consejo de Estado el pasado 6 de agosto se lee “comunicar esta decisión a la señora María Claudia Tarazona, cónyuge del senador Miguel Uribe Turbay, de acuerdo con el artículo 160 del CGP para que, dentro del término de cinco días, contados a partir de la notificación de la presente providencia, comparezca al proceso y acredite la designación de un apoderado de confianza, para que represente al senador Miguel Uribe Turbay en el proceso de la referencia, de acuerdo con lo expuesto en este auto”.
Aunque el Consejo de Estado admitió la demanda en contra del precandidato presidencial, que cumple dos meses internado en la clínica Santa Fe en estado grave tras sufrir un atentado a bala en su contra, informó que el trámite quedará interrumpido debido al grave estado de salud del senador.
La acción judicial en contra de Uribe Turbay lo señala por presunto proselitismo político cuando ya ejercía su cargo en el Congreso, una conducta que de comprobarse correspondería con la causal primera de incompatibilidades prevista en el artículo 183 de la Constitución.
La Sección Quinta del Consejo de Estado recordó que el Código General del Proceso prevé la suspensión de este tipo de causas “por muerte, enfermedad grave o privación de la libertad de la parte que no haya estado actuando por conducto de apoderado judicial, representante o curador ad lítem”.
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El caso se retomará una vez se designe un representante legal de confianza que pueda ejercer la defensa del senador del Centro Democrático. Mientras tanto, cualquier actuación judicial en el proceso se mantendrá suspendida.
Hay que recordar que el político del Centro Democrático enfrenta dos procesos de pérdida de investidura promovidos por los ciudadanos Carlos Alberto Sánchez Grass e Iner Alonso Ramírez. Ambos argumentan que el congresista habría incurrido en incompatibilidades al combinar acciones proselitistas con el ejercicio de sus funciones legislativas.
