El Gobierno nacional confirmó este miércoles que concedió asilo diplomático a la abogada disidente del chavismo María Alejandra Díaz, quien denunció el martes que el Gobierno de Nicolás Maduro se ha negado a otorgarle un salvoconducto para “salir bajo la protección diplomática” hacia el país vecino.
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“El 11 de enero del 2025, el Gobierno de Colombia concedió asilo diplomático a la ciudadana venezolana María Alejandra Díaz Marín, quien argumentó ser víctima de persecución por motivos políticos e ideológicos por parte del Estado venezolano”, señaló la Cancillería en un comunicado, luego de que la abogada afirmara estar asilada, desde el primer mes del año, en la embajada colombiana en Caracas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores añadió que “el Gobierno de Venezuela, a través de diferentes canales diplomáticos, ha manifestado que, para el caso de la señora Díaz Marín no es necesaria la emisión de un salvoconducto en tanto que no pesa sobre ella ninguna orden de captura ni proceso judicial abierto”.
“La señora María Alejandra Díaz Marín, bajo su propia responsabilidad, realizó declaraciones públicas sobre su condición de asilada, el martes 5 de agosto en la red social X, incumpliendo las condiciones pactadas al momento de otorgar el asilo diplomático”, agregó la información.
La abogada, quien fue presidenta de la Comisión de DD. HH. y Garantías Constitucionales de la chavista y extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), afirmó que hace dos meses fue notificada de que “el Gobierno venezolano se negaba a otorgar salvoconducto”, debido a que, “según ellos”, no “existía ninguna persecución”.
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Díaz, que denunció el año pasado que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha “incumplido” lo establecido en la ley al no publicar los resultados desglosados que prueban la controvertida victoria de Maduro, proclamada en las presidenciales de 2024, pidió respeto a su “condición de asilada debido al peligro que representa salir de la residencia del embajador sin la debida protección”.
El caso de Díaz
En octubre de 2024, el Frente Democrático Popular (FDP), una coalición del chavismo disidente de la que forma parte Díaz, interpuso un recurso ante el Supremo para que ordene la publicación desagregada de los resultados de las presidenciales, lo que fue rechazado por el máximo tribunal el mes siguiente.
Además, la Sala Constitucional impuso una multa a Díaz, quien asistió la solicitud del FDP, y ordenó al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados comenzar un “procedimiento disciplinario” en su contra, con el fin de aplicar “la sanción que corresponda”.
Entonces, la sala también anunció que la abogada sería suspendida “temporalmente del ejercicio profesional”.
