La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, respondió este miércoles a las versiones que hablaban de una “fuga” del adolescente que habría entregado información clave sobre el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Según explicó, el menor no se encontraba bajo detención ni hacía parte del sistema de responsabilidad penal, sino que estaba acogido temporalmente como parte de un proceso de protección.
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“Aquí hay que hacer una precisión muy fuerte en los términos porque el chico no estaba en temas de custodia, no estaba privado de la libertad. Él estaba en un proceso de restablecimiento de derechos”, indicó Cáceres en diálogo con ‘Blu Radio’.
El joven, de 17 años, se presentó a la Fiscalía el pasado 25 de julio sin la compañía de un adulto. Tras rendir declaración en presencia de un defensor de familia, fue entregado a la Policía de Infancia y Adolescencia, que, al no identificar a un tutor legal, lo remitió al ICBF.
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En ese contexto, el instituto lo ubicó en un centro de emergencia —una medida provisional mientras se encontraba a su familia o se definía quién podía asumir su cuidado. “El adolescente fue acogido porque no llegó con un adulto responsable y no se pudo ubicar a su familia. No es un proceso de privación, se hacen acuerdos con el joven”, explicó la funcionaria.
Según detalló Cáceres, el menor podía salir del lugar cuando quisiera, siempre que estuviera acompañado por un adulto autorizado por el ICBF. Esta condición no respondía a una restricción de libertad, sino al deber legal del Estado de garantizar su protección como menor de edad. “Pasan muchas situaciones con los adolescentes. En este caso, hay unos protocolos que él debía cumplir para poder salir (...) y hubiera podido salir al otro día”, añadió.
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Sin embargo, durante la noche del lunes, el adolescente decidió abandonar el centro sin seguir ese procedimiento, en compañía de otros dos jóvenes y empujando a una cuidadora del lugar. Cáceres aclaró que esto no constituye una evasión: “Eso no quiere decir que esté evadido o que lo estemos buscando para capturarlo. Queremos volver a retomar el proceso”.
La funcionaria también respondió a las afirmaciones de la Procuraduría General, que en una publicación en su cuenta de X habló de “evasión” y se refirió al joven como si estuviera “recluido”. “Eso fue lo que generó la confusión porque incluso salieron medios a decir que se trataba del sicario que iba a cometer el crimen, y todo eso ni está dentro del conocimiento nuestro ni es así”, afirmó.
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Reiteró además que el menor no estaba judicializado ni era señalado como autor del atentado, sino que había llegado de manera voluntaria a entregar información. “Él es un ciudadano libre”, subrayó.
Cáceres mencionó que el adolescente rechazó desde el inicio ingresar al programa de protección, aunque el ICBF debía ofrecerlo por ley. Tampoco hay evidencia de que estuviera siendo amenazado, según lo registrado por la entidad.
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Aunque la directora señaló que se trataría de un joven migrante, no ofreció detalles adicionales al respecto. Agregó que, hasta donde se tiene registro, el adolescente abandonó el lugar por decisión propia y que esa posibilidad ya la había manifestado desde las primeras entrevistas.
Por su parte, la Procuraduría anunció una indagación para determinar si hubo fallas en la protección del menor y pidió a las autoridades trabajar para ubicarlo y garantizar su bienestar. El atentado contra Miguel Uribe, ocurrido el 7 de junio en Bogotá, ya deja seis personas capturadas, entre ellas el presunto autor del disparo, que será procesado el 4 de agosto bajo el sistema penal para adolescentes.
