Las dificultades que afrontará el Gobierno en su última legislatura

Varios analistas políticos coinciden en que esta cuarta y última legislatura del Congreso, atravesada por las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, además de venir con su carga fuertemente política de los senadores y representantes que aspiran a reelegirse, que los hará asumir posiciones recias generalmente en contra del Gobierno para sacar réditos electorales, y que además los tendrá distraídos en las regiones y las tarimas, va con un ingrediente adicional inexorable, que es el duelo que se han declarado Ejecutivo y Legislativo –al menos con la mayor parte, que son independientes y opositores-, que arreciará la cuota de dificultad para la Casa de Nariño en el empuje de sus reformas pero que, al mismo tiempo, la hará blandir la espada oficialista de la polémica constituyente, o de la papeleta, para jugar a dos bandas en el Capitolio –como ya lo hizo con la consulta popular y la reforma laboral- y también para aupar un tema que necesita en la campaña tanto a Presidencia como a Congreso.

El analista político Carlos Arias explicó en EL HERALDO al respecto que, independientemente de que sea el gobierno de Gustavo Petro, las cuartas legislaturas de todos los periodos de Congreso siempre son legislaturas mixtas. “Significa que la mitad del tiempo están trabajando en el ejercicio legislativo sobre reformas, presentar proyectos, aprobarlos, discutirlos y hacer seguimiento y vigilancia en varios temas, y la otra mitad de tiempo, yo diría que en un 70%, están ocupados en lo que son las campañas políticas”.

Estas campañas, precisa, “no solamente son las de ellos para reelegirse senadores y representantes, sino también porque muchos de ellos han determinado salirse del Legislativo para aspirar a cargos uninominales, gobernaciones y alcaldías, en el próximo periodo, o porque están ya construyendo sus reemplazos políticos”.

Entonces, agrega el catedrático de la Universidad Externado, “están metidos en las regiones no solamente en términos de tiempo y de presencia física, haciendo campaña y movilizándose en los diferentes municipios y departamentos, sino también que su foco de atención está mucho más allá de todo lo que está sucediendo en la coyuntura política, y esto incluye también al partido de gobierno, es decir no solo la oposición, que van a estar ocupados armando sus listas, discutiendo los puestos dentro de las listas en aquellas que van a ser cremalleras y cerradas como la del Pacto, sino también muchos visibilizando lo que podrían llegar a ser los apoyos de los precandidatos después de marzo, en donde claramente la campaña presidencial se abre mucho más fuerte”.

Ahora bien, señala Arias, en ese otro 30% de trabajo legislativo “se va el Gobierno a presentar insulsamente una reforma tributaria nueva y claramente esto no va a pasar, no ha pasado nunca en el último periodo, donde hay desgaste del Ejecutivo, que en este caso es mucho más porque el presidente ha decidido pelear con más de la mitad del Congreso y se ha dedicado más a hacer campaña que a gobernar”.

Por ello, reitera, “las reformas del gobierno de Gustavo Petro seguramente no van a pasar, y habrá otro tipo de proyectos de ley o actos legislativos que son más pequeños y no tienen gran incidencia, que seguramente pueden llegar a pasar los debates, pero que no son sustanciales y no van a ser fundamentales ni decisorios para la coyuntura nacional”.

Óscar Mejía, ex decano de derecho de la Universidad Nacional, comentó en este diario que lo que va a haber en esta legislatura es una lucha política electoral, que va a comenzar desde este 20 de julio.

“Veremos si la oposición logra poner los presidentes de Cámara y Senado o si el Gobierno logra unas tercerías y unos candidatos más cercanos a sus propuestas: si esto último se logra es posible que algunas de las reformas puedan adelantarse, si por el contrario gana la oposición, lo más seguro es que vayamos a seguir en la inercia que ya inauguró el anterior presidente del Senado y haya una polarización legislativa de nuevo con la consabida reacción por parte del Gobierno de movilización social, como fue evidente en el caso de la reforma laboral, que al final fue un pulso que ganó el Gobierno movilizando a la ciudadanía y que puso al Senado particularmente entre la espada y la pared y le tocó básicamente conciliar”, anotó.

No obstante, pone de presente el posdoctor en derecho y doctor en filosofía del derecho que ya el país está a un año de las elecciones “y en ese punto de nuevo la carta oculta del Gobierno es su propuesta de la asamblea constituyente: eso es una espada de Damocles permanente porque así como la reforma laboral salió adelante precisamente convocando a una consulta popular, si la agenda legislativa no se logra concretar mínimamente y son proyectos claves: tributaria, salud, Ministerio de Igualdad, educación, pues el Gobierno va a volver a acudir a la fórmula de recambio”.

Esta estrategia, que advierte el académico, “puede ser polarizante”; al mismo tiempo, precisa, “es una alternativa que es la única que sabe el Gobierno que tiene para enfrentar una oposición cerrada a sus proyectos legislativos”.

Concluye Mejía que “hay que aclarar que una cosa es una asamblea constitucional para reformar la Constitución del 91 en aspectos que sin duda hay que reformar y otra es una asamblea constituyente, que ya estaría planteando una reforma total de la Constitución”.

En este punto sostiene que “hay sin duda medidas que hay que pensar, por ejemplo la del parlamentarismo: si lográramos transitar a un régimen parlamentario, semiparlamentario, tendríamos un mecanismo y un recurso para solventar estas crisis periódicas que se pueden estar presentando y esta tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo y el Ejecutivo y el Judicial, y también que indudablemente la constituyente permitiría volver a darle un acento al proyecto socialdemócrata de la Constitución de 1991 que terminó opacado por el proyecto neoliberal de la misma Constitución del 91”.

Al Gobierno, progresivamente, le ha venido yendo un poco peor legislatura tras legislatura, porque no genera consensos, dicen desde la independencia y la oposición, y porque hay bloqueo legislativo, argumentan desde el petrismo. Pero de acuerdo con un informe de la firma Seguimiento & Estrategia, por ejemplo, en la tercera legislatura pasada, aunque se presentaron 644 proyectos en Cámara y 492 en Senado, los índices de aprobación fueron bajos y las derrotas del Ejecutivo se notaron en el rechazo del Presupuesto General de la Nación, la caída de la ley de financiamiento y el archivo de la reforma política, además de la ley de inteligencia artificial, la reforma al sistema penal juvenil o la actualización de la infraestructura ferroviaria. Y los éxitos estuvieron en la reforma laboral, la confirmación de la reforma pensional –que no obstante revisa de nuevo la Corte Constitucional– y la reforma al SGP que les significaría mayores transferencias de recursos y competencias a las regiones.

En este sentido, un análisis de la firma Orza encontró que la tasa de efectividad legislativa de la Casa de Nariño cayó al 22,6%, la más baja en los últimos 15 años, ya que en sus tres primeros años Petro ha radicado 100 proyectos y solo ha convertido 30 en leyes, lo que equivale a un éxito legislativo del 30%, que es bajo si se compara con el 60% alcanzado por Iván Duque y el 64% y 54% que logró Juan Manuel Santos durante sus dos periodos presidenciales. Además, el asunto con el Parlamento viene bajando, porque el petrismo tuvo una efectividad en su primer año del 33,3 % (15 de 45 proyectos), en el segundo igual y en el tercero un 22,6 %. En la legislatura pasada, solo 18 iniciativas (2%) fueron aprobadas por el Congreso (7 de origen gubernamental y 11 de origen congresional) y 186 proyectos (20,43%) fueron archivados. Y en la primera legislatura Petro sancionó el 80,5% de las normas, en la segunda el 22,5% y en la tercera el 21,4%.