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El secuestro de 57 militares en zona rural de El Tambo, Cauca, sigue generando indignación y preocupación en el país. Mientras avanzan las investigaciones, uno de los soldados liberados, Braulio Guacales, contó detalles de lo que vivieron durante las más de 80 horas que permanecieron retenidos.

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Guacales aseguró que, si bien no sufrieron agresiones físicas, fueron sometidos a una presión constante por parte de más de 200 personas que los rodearon, dividieron y aislaron. “Nos miraban, unos con rabia, otros con pena, y muchos se reían. Fue como si pisotearan nuestro orgullo militar”, relató el uniformado en diálogo con ‘Blu Radio’.

El operativo para retener al grupo de militares, según su testimonio, se ejecutó sin disparos ni armas visibles. Los trasladaron en camiones y los mantuvieron inmóviles mientras la tensión crecía, en un escenario que Guacales calificó como una forma de “tortura psicológica”.

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Las autoridades señalan que detrás de lo ocurrido estaría la estructura criminal Carlos Patiño, que opera en la región y que, de acuerdo con el Ejército, habría instrumentalizado a la población civil para ejecutar el secuestro.

El general Érick Rodríguez, segundo comandante del Ejército Nacional, explicó que los pobladores fueron utilizados para bloquear y retener a los uniformados. “La población civil fue instrumentalizada. No había presencia visible de armados, pero eso no significa que no haya control criminal. En esas zonas, donde toda la economía gira en torno a la coca, los grupos ilegales dominan todo el entorno”, advirtió.

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Rodríguez aclaró que los hechos no fueron un acto espontáneo. Según el alto oficial, el secuestro habría sido una respuesta organizada tras la captura de un presunto integrante de esa estructura armada. “Fue un acto planeado. La comunidad llegó en camionetas, rodeó a nuestros hombres y, aprovechando la presión social y el temor de la población, ejecutaron el secuestro”, dijo.

El general también respaldó la actuación de los uniformados, quienes no utilizaron sus armas durante la retención. “Nuestros hombres respetan los derechos humanos. No vamos a disparar contra civiles”, enfatizó.

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A pesar de las amenazas en la zona, el Ejército anunció que mantendrá su presencia en el cañón del Micay, uno de los territorios más golpeados por el narcotráfico y la minería ilegal.

“La instrumentalización de la población civil por parte de estructuras armadas debe ser rechazada por todos los colombianos”, concluyó el general Rodríguez, al advertir que normalizar estos hechos solo profundizará la crisis de seguridad que enfrenta el suroccidente del país.