Los alimentos en mal estado, servidos en un restaurante o establecimiento comercial, no solo producen afectaciones a la salud sino graves consecuencias legales para los negocios de comida. En Colombia existen sanciones ante este tipo de irregularidades.
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De acuerdo a la legislación vigente, los establecimientos de comida que provoquen intoxicaciones a los consumidores pueden enfrentarse a sanciones administrativas que incluyen el cierre del establecimiento, el decomiso de productos, multas y suspensión de la actividad comercial.
Las entidades encargadas de este tipo de acciones legales en Colombia son el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima); la Fiscalía General de la Nación; las secretarías de Salud de cada municipio o departamento; y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
La normativa sanitaria del país es clara, todo restaurante o negocio de comidas que comercialice alimentos contaminados o manipulados indebidamente se enfrentarán a procesos administrativos y penales.
Respecto a las multas, estas pueden sobrepasar los 10.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dependiendo de la gravedad del caso y el número de personas afectadas.
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Ya en casos extremos, y de comprobarse que los alimentos peligrosos para la salud fueron distribuidos con conocimiento o por omisión, el Código Penal colombiano establece penas de prisión para los responsables.
Por su parte la SIC puede intervenir al ser vulnerado el derecho del consumidor, respecto a la oferta de productos que no cumplen con los estándares mínimos de calidad y seguridad.
