El vicecontralor Carlos Mario Zuluaga alertó este jueves que en el país las personas que necesitan de la protección especial del Estado deben esperar hasta 203 días para obtenerla.
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Además, advirtió el funcionario, de las 1.300 solicitudes de protección que se han hecho en el territorio nacional entre 2019 y 2023, solo se han atendido 234.
“Entre 2019 y 2023 se destinaron $1,29 billones a esquemas de protección: $1,2 billones en medidas individuales y $90.315 millones en medidas colectivas”, expuso Zuluaga citando el estudio al respecto del ente de control fiscal.
Expuso en torno al drama que viven en materia de seguridad los líderes sociales y los defensores de derechos humanos en el país, que “la falta de enfoques diferenciales y la ineficacia en la implementación de decisiones judiciales limitan la protección efectiva de los líderes sociales”.
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Y al señalar el vicecontralor el costo de las medidas de protección implementadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP) en el 2023, el estudio de la Contraloría considera que algunas poblaciones beneficiarias ameritan un análisis de sus costos y menciona el caso de servidores públicos que laboraron en políticas de paz y derechos humanos del Gobierno Nacional, ex altos funcionarios del Estado, senadores y representantes a la Cámara, entre otros.
