En la mañana de este miércoles 6 de marzo la Contraloría General realizó una advertencia al Ministerio de Hacienda respecto al Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2024, donde asegura que se pone en riesgo la ejecución del presupuesto, ya que este decreto está expuesto a una posible demanda de legalidad que podría detener su implementación.
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'Esta eventualidad podría resultar en la paralización de las actividades estatales, lo cual constituirla un hecho sin precedentes en la historia reciente de la ejecución presupuestaria', señala el organismo de control.
'El decreto de liquidación toma los valores de presupuesto, para cada entidad que hace parte del Gobierno Central, que fueron aprobados por el Congreso de la República y los desagrega, en un anexo del decreto, para ser incorporados al Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF- y de esta manera hacer los compromisos y la ejecución de los presupuestos aprobados. Para el caso del rubro de inversión el decreto 1068 de 2015 establece taxativamente que se debe desagregar, partiendo de los programas y subprogramas establecidos en la ley de presupuesto, en proyectos de inversión claramente identificables', agrega.
A través de la expedición del decreto 2295 del 29 de diciembre de 2023 mediante el cual se liquidó el Presupuesto General de la Nación 2024, según la Contraloría, no se cumplieron dos parámetros.
'El artículo 1 de la ley 2295 de 2023, detalla el monto del presupuesto de gastos y a su vez relaciona las partidas del PGN para el 2024, omitiendo el hecho de que el detalle del decreto debe ir en un anexo, no en el articulado; por otro lado, se debió presentar el detalle de la Ley de Presupuesto, lo que no se cumplió en la medida en que los gastos de inversión no se desagregaron a nivel de proyecto', indica la entidad.
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De acuerdo con la Contraloría estos dos elementos generaron inconvenientes al momento de la ejecución del presupuesto.
'Varias entidades importantes del Estado, como Invías, la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- y el mismo Ministerio de Hacienda al no desagregar los proyectos de inversión impedían que estos se incorporaran al SIIF y comenzase la ejecución de los recursos', explica.
La entidad manifestó que este presupuesto se estimaba en recursos probados por 18 billones de pesos, pero no desagregados en proyectos.
Asimismo señala que la inclusión del anexo en el articulado hace que cualquier modificación tenga que pasar por la aprobación directa de un decreto y no de una resolución de las propias entidades, lo que podría ralentizar el proceso de ejecución presupuestal.
Vale destacar que el Gobierno Nacional expidió el decreto 0163 del 14 de febrero de 2024, en el cual se pretendió corregir las fallas presentadas por el decreto de liquidación inicial. No obstante, la Contraloría consideró que se resolvió parcialmente la problemática por dos hechos:
'No se deroga el artículo 1 del Decreto 2295 de 2023, simplemente se modifica, con lo cual se deja sin desagregar no solamente una parte importante de la Inversión de los proyectos viales por $13 billones, sino que se mantiene el nivel agregado en las bolsas de buena parte de la ejecución de la inversión del resto de las entidades del presupuesto de la Nación. Y se mantuvo en el artículo 1, que no es anexo, la totalidad del gasto de ministerios (excepto Hacienda), agencias (excepto ANI), institutos (excepto Invías) y unidades (excepto unidad de infraestructura)'.
Sobre ello, la Contraloría indicó que la ejecución de estos presupuestos quedó sujeta a la discrecionalidad de la Presidencia.
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