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El polémico contratista Emilio Tapia, condenado por el ‘carrusel’ de la contratación, advirtió este miércoles en el marco del proceso que sigue la Procuraduría por el escándalo del Mintic, que no puede hablar de las incidencias que hubo por parte de la UT Centros Poblados ante el Ministerio para la adjudicación en 2020 del contrato por más de $1 billón para llevar internet a más de 7 mil escuelas públicas rurales del país.

Tapia, quien compareció vía virtual desde la Cárcel de Picaleña, en Ibagué, advirtió al respecto: 'Esa información hace parte de un proceso de colaboración en la Fiscalía'.

{"titulo":"Fiscalía pidió al Inpec regresar a Emilio Tapia a la cárcel La Picota ","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/caso-emilio-tapia-fiscalia-pidio-regresarlo-la-carcel-la-picota-895014"}

Sobre cómo se inició su participación en el contrato, narró el condenado empresario: 'Fue un contrato que desde que estaban los prepliegos el señor Juan Carlos Cáceres (fundador de Novotic, antes Funtic) me hace el comentario del proyecto y me dice que por qué no estructuramos una UT para presentar la propuesta.

'Yo estuve lejano inicialmente, él era la persona que se encargaba de todo y lo que necesitaba de mí eran las empresas con el soporte financiero, porque él tenía una fundación sin soporte financiero'.

Al cabo de un tiempo, siguió: 'resultamos adjudicatarios. Aporté dos de las cuatro empresas y la otra empresa la aportó Juan José Laverde (directivo de Rave Seguros) y la otra fue la fundación de Juan Carlos'.

{"titulo":"Brote de covid en La Picota; Tapia estaba entre los contagiados","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/emilio-tapia-contagiado-de-covid-en-la-picota-893854"}

Frente a las pólizas falsas, afirmó Tapia: 'Rave era la corredora de seguros que nos suministraba las pólizas de seguros, para este contrato se les requirió a ellos y ellos eran los encargados de conseguir las pólizas.

'Luego Laverde me dice que en esta ocasión estaba complejo y me dijo que iba a hablar con el Mintic porque conocía a personas allí en el tema de riesgos. Pero luego me dice Laverde que no pueden bajarle al riesgo y que está complejo el tema'.

Posteriormente, continúa el cuestionado empresario: 'me dice Laverde hay una opción que él ha manejado con un cliente de Rave, un constructor, y que con él ha manejado un tipo de garantías que equivalen a las pólizas de cumplimiento, y me dijo que era un cupo de crédito con el Banco Itaú, que él lo conseguía y que había que pagarle una contraprestación por un lote en Santa Marta.

'Le digo a Juan Carlos de la otra opción y él me dice que le hagamos. Laverde me dice que no hay problema, que habló con el señor Jorge Molina, que además era su socio en otras empresas y contratos. Jamás dudé de eso porque Rave es una empresa de más de 40 años, reconocida a nivel nacional'.

{"titulo":"Trasladan a Pulgar y Tapia de cárceles","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/minjusticia-trasladara-eduardo-pulgar-y-emilio-tapia-otras-carceles-del-pais-891922"}

El costo de este trámite, indicó, 'fue de alrededor de $200 millones que se le pagaron a una cuenta a nombre de una de las empresas del señor Jorge Molina, que era quien tenía esos cupos en el Banco Itaú respaldados por un lote en Santa Marta'.

'Me dice luego Juan José Laverde que hay una ‘zona gris’ en la consecución de las garantías y me dice que dentro del banco esto tiene que pasar por distintos comités y lo que entiendo que le dijo a él el señor Jorge Molina es que si tenían que hacerse tres comités solo se hicieron dos, para darle celeridad porque el Ministerio estaba presionando a Juan Carlos, y por eso había que pagarle los honorarios al señor Molina', añadió.

Afirmó Tapia que Laverde se comprometió a sacar las pólizas y Cáceres se comprometió a no incumplir el contrato.

'Luis Fernando Duque (representante legal de la UT Centros Poblados) no tuvo ninguna participación en la consecución de las pólizas', dijo.

Y sobre el dinero que se pagó por las garantías bancarias, el polémico empresario aseguró: 'Se pactaron $3.800 millones, luego hubo un descuento porque ahí estaban incluidos los honorarios del señor Molina, y él insistía que tenían participación las personas del banco por la celeridad del trámite.

'Se le daban $2.800 millones y se le abrían espacios en otros temas para ver si él subcontrataba algún tema de obras civiles que requiriera el proyecto. Y de eso se pactaron tres cuotas, la primera de $1.000 millones que se le alcanzaron a pagar, y se cancelaron a las cuentas de las empresas del señor Molina, a una cuenta de la esposa del señor Molina, a unas cuentas del señor Laverde.

'Se pagaron antes de las garantías y después. El saldo se le iba a cancelar cuando entraran los dineros del proyecto para suplir unos préstamos que había hecho yo', concluyó.