Este lunes la Fiscalía General de la Nación, apoyada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Ejército Nacional, ocupó, con fines de extinción de dominio, ocho bienes del senador Armando Benedetti en varias zonas del país.
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A través de un comunicado, la Fiscalía señaló que 'se impusieron medidas cautelares sobre ocho inmuebles urbanos ubicados en Bogotá, Puerto Colombia (Atlántico) y Villavicencio (Meta), cuya titularidad estaría a nombre de Armando Alberto Benedetti Villaneda, Ruby Corredor Ruiz, Paola Andrea Lasso Corredor y Luis Alberto Nicolella de Caro', aseguró el ente acusador en un comunicado.
Ante esto, el abogado del político rechazó la decisión tomada y expresó que esto se debe a una 'serie de persecuciones' desde que Benedetti se unió al petrismo.
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'Desde que el senador Armando Benedetti decidió llegar al Pacto Histórico y acudir al petrismo como fuente o como solidaridad ideológica, han empezado una serie de persecuciones y esta es una de ellas. No han podido establecer en el proceso ante la Corte Suprema, ninguna particularidad en su contra, pero sí, entonces, acuden a través de la Fiscalía General de la Nación a una figura jurídica que aquí es abusiva y temeraria', dijo.
También informó que 'acudiremos a la figura de control de legalidad, porque las medidas cautelares no tienen o no son susceptibles de recurso ni de apelación o de reposición. El control de legalidad es una figura donde acudimos a un juez de conocimiento, para que revoque la decisión de interponer una medida cautelar y que se siga el proceso natural. Que la Fiscalía interponga una demanda de extinción de dominio, pero no bajo el chantaje, la amenaza o el despropósito'.
