Los captores se aprovechan de la desesperación de sus incautas víctimas, en un país donde la informalidad laboral ronda el 60% y la pandemia ha tenido efectos económicos devastadores. El Grupo Antiextorsión y Secuestro colombiano (Gaula), en coordinación con la Unidad Antisecuestros y Extorsión ecuatoriana (Unase), y efectivos militares llevaron a cabo un operativo para liberar el pasado día 24 al último ecuatoriano aprehendido. El retenido fue localizado en una vivienda del casco urbano de la ciudad fronteriza de Ipiales y la operación acabó con la detención de dos sospechosos que le custodiaban. El coronel Edgar Maroto, de la Policía de la provincia ecuatoriana de Carchi, mencionó un tercer caso ocurrido el mes pasado, acerca de varias personas procedentes de la ciudad andina de Riobamba, que fueron secuestradas en iguales circunstancias, pero que prefirieron no denunciar el caso. Con todo, las fuerzas de seguridad siguen la pista de las disidencias de grupos armados organizados residuales y bandas delincuenciales. Ecuador y Colombia comparten una divisoria de 586 kilómetros, porosa, 'porque en su mayor parte es selvática' y que desde mediados de marzo se encuentra cerrada debido a la pandemia del coronavirus. Con todo, matizó el mando militar colombiano, las estadísticas sobre esta modalidad aún son bajas y descarta que se pueda hablar en la actualidad de una 'industria del secuestro', al asegurar que se habrían neutralizado estas acciones delictivas en un 90%. En la vecina población de La Victoria, en suelo colombiano y a 15 minutos de la parroquia ecuatoriana El Carmelo, sus vecinos aún recuerdan cómo una década atrás las guerrillas campaban a sus anchas, lo que llevó a muchos a huir de la zona. Algunos efectivos de patrullas militares aseguran que el ELN aún opera en la región fronteriza y que, de tanto en tanto, distribuye panfletos.