Ante la decisión de hace un par de días de un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, los representantes del víctimas del caso de Jaime Garzón recordaron que el Consejo de Estado y la Fiscalía clasificaron el asesinato del humorista y periodista como un crimen de lesa humanidad.
'El tribunal no reconoció el carácter de crimen de lesa humanidad, que ya había sido establecido en 2016 por el Consejo de Estado en su fallo por la responsabilidad estatal en este caso, y por la Fiscalía General de la Nación, en la etapa de investigación, ni tampoco reconoció el aparato organizado de poder que operó detrás del crimen del periodista', indicó el Colectivo de Abogados 'José Alvear Restrepo', Cajar.
Las víctimas aseguran que el homicidio de Garzón se produjo como parte de un plan criminal, sistemático y generalizado, contra defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas y gestores de paz que a finales de los años 90 fueron blanco de homicidios que comprometen la responsabilidad de grupos paramilitares actuando en alianza con agentes estatales.
'Este fallo del Tribunal Superior tampoco recoge todas las pruebas que se recopilaron a lo largo del proceso y que han permitido establecer la existencia de un aparato organizado de poder con participación de las más altas esferas del Estado, que planificó y ordenó el asesinato del defensor de derechos humanos a través de la Banda La Terraza, y posteriormente desvió por años la investigación judicial, hechos que comprometen la responsabilidad del general Mauricio Santoyo, entonces comandante del Gaula en Antioquia', se lee en el comunicado de los representantes de la familia del humorista.
