Más de 75 representantes de la sociedad civil colombiana, europea e internacional, reunidos en Bruselas expresaron su preocupación por el avance de la implementación de los acuerdos de paz.
Este encuentro internacional, que representa a más de mil organizaciones y movimientos sociales que trabajan en Colombia, fue convocado por la Oficina Internacional de los Derechos Humanos - Acción Colombia (OIDHACO).
Los participantes en este encuentro coinciden en que, 'la paz en Colombia esté en riesgo. Por eso pedimos a las instituciones de la UE y a sus Estados miembro que continúen acompañando de cerca el proceso de implementación del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, que pidan cuentas de los recursos que han entregado para éste, y que insten al gobierno colombiano a mantener sus compromisos con la búsqueda de la paz y la garantía de los derechos de las víctimas'.
En la reunión señalaron que desde su llegada al Gobierno, 'el presidente Iván Duque no ha demostrado la suficiente voluntad para implementar el Acuerdo Final de Paz, ya que las políticas públicas propuestas en materia de reforma rural integral, sustitución de cultivos ilícitos, y derechos de las víctimas, así como el Plan Nacional de Desarrollo, son contrarias y regresivas a lo estipulado inicialmente en el Acuerdo, y por lo tanto ponen en peligro la construcción de paz en Colombia'.
Los representantes de estas organizaciones sociales y políticas, coincidieron en señalar que, 'existe una profunda preocupación por eldesfinanciamiento y falta de respaldo gubernamental a los tres mecanismos del Sistema de Justicia Transicional'.
Además, los voceros le manifestaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que la ley estatutaria fue objetada por el Presidente Duque, 'se le ha asignado en 2019 un presupuesto 28% menor que el que había pedido para su funcionamiento'.
Los voceros recordaron que la JEP es el instrumento que garantiza los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y que 'tendría que ser intocable'.
Las organizaciones reunidas en Bruselas, 'quieren denunciar que la implementación del Acuerdo de Paz no solamente se ha desacelerado, sino que su incorrecta implementación está poniendo en riesgo a las personas defensoras y líderes sociales, en especial a quienes viven en regiones donde se registra una débil o nula presencia del Estado, es decir, donde antes se encontraban las FARC'.
'El Estado tiene que actuar con urgencia y llegar con su institucionalidad a las zonas rurales más alejadas, apoyando los procesos de implementación del acuerdo en curso que atienden las causas estructurales del conflicto armado y en donde más defensores son asesinados, especialmente aquellos que trabajan con temas como la restitución de tierras o la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos', pidieron estas organizaciones.
Cifras
Según datos de la Defensoría del Pueblo durante el 2018 fueron asesinados 172 líderes sociales, sin embargo, indican estos organismos, 'el Gobierno colombiano sigue negando la existencia del conflicto armado y continúa criminalizando la protesta social, como lo hace actualmente con la Minga Social'.
De acuerdo al último informe anual de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las masacres han aumentado un 164% en el último año, pasando de 11 casos 2017 a 29 en 2018.
Por su parte, los desplazamientos forzados aumentaron de alrededor de 127.000 personas víctimas en 2017 a 145.287 en 2018.
'Con todo esto podemos decir que Colombia atraviesa una crisis humanitaria', apunta la declaración.
