Colombia no está viviendo un accidente de trenes como en España. Está bajo una conducción temeraria del Estado con la ciudadanía entera como pasajera forzosa.
Gustavo Petro llegó al poder prometiendo el cambio, como si bastara con la consigna para reemplazar la técnica, la experiencia, la prudencia y la decencia administrativa. Pero después de tanto anuncio, lo que se siente es otra cosa: improvisación convertida en método, polarización elevada a estrategia y un Ejecutivo que opera más desde el impulso que desde el rigor.
No gobierna, maneja con la convicción de que gritar es conducir, que señalar enemigos es gestionar y que hacer narrativa es hacer Estado. El resultado es un país a los tumbos: políticas que se anuncian sin aterrizaje, ministros que entran y salen en un ensayo permanente, y una administración que parece vivir en campaña eterna, incapaz de pasar del discurso al cumplimiento.
La economía no se sostiene con arengas. La seguridad no se recupera con trinos. La salud no mejora con culpas ajenas. El empleo no crece con consignas. La paz no se decreta con retórica. Un presidente que se siente cómodo en la plaza pública pero incómodo en la administración pública termina dejando un país cansado, desconfiado y cada vez más escéptico.
Pero si la incompetencia fuera el único problema, aún habría esperanza: bastaría con corregir, ajustar, rectificar. El asunto es grave, porque a la improvisación se le suman los escándalos y las sombras que rodean el ejercicio del poder. En una Administración que se vende como moralmente superior, la sucesión de cuestionamientos, contratos discutibles, nombramientos problemáticos y episodios que ameritan investigación es el síntoma de una promesa incumplida.
Y ahí aparece el riesgo más preocupante: que un gobierno percibido por muchos como pésimo, desgastado y rodeado de controversias quiera, aun así, dejar heredero. Pretende tratar a la Nación como una finca política; convertir al Estado en una línea de sucesión personal; y reducir a la ciudadanía a un simple trámite cada cuatro años para refrendar un proyecto que ya demostró sus limitaciones.
La idea del otro cambio es un engaño reciclado con distinto empaque: un libreto de épica, desprecio por la crítica, resentimiento convertido en programa y la tentación permanente de confundir el poder con propiedad. Este heredero puede no garantizar continuidad de soluciones: va a garantizar continuidad de errores. Y cuando el proyecto viene fallando, lo que sigue no es la corrección: es el agravamiento.
Más desconcertante aún es ver que, pese a todo, haya personas dispuestas a votar otra vez por el mismo rumbo, ignorando que el fracaso es medible, pasando por alto que el deterioro se siente, y actuando como si no estuviéramos pagando costos reales. Se entiende la decepción con los gobiernos anteriores, pero una cosa es votar con esperanza y otra muy distinta es insistir con terquedad, negando la evidencia.
Porque al final, el costo no lo paga el presidente ni su círculo político: lo paga el ciudadano común. El que trabaja, el que se rebusca, el que se endeuda, el que vive con miedo, el que espera atención en un hospital, el que ve cómo la institucionalidad se deteriora mientras le piden paciencia.
No podrá haber un choque de trenes en Colombia porque ni siquiera contamos con un sistema férreo de pasajeros. Pero eso no significa que estemos a salvo de una tragedia; al contrario: puede ser peor y silenciosa, porque no ocurre en un solo instante, sino que se acumula. La economía debilitada, el empleo precario, la inversión espantada, la inflación que devora el bolsillo y la incertidumbre que se volvió paisaje no dejan cadáveres en la vía, pero sí dejan familias atrapadas en la angustia, empresas cerrando, jóvenes sin futuro y un país que se acostumbra al retroceso.
Este programa político se vendió como esperanza, pero ha terminado pareciéndose a un fiasco administrativo. Y lo único más peligroso que una mala conducción es la pretensión de perpetuarla imponiendo un relevo a su medida.
Luis Hernán Tabares Agudelo
Abogado
