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El ministro de Minas, Edwin Palma, calificó la decisión como una agresión económica y recordó que Colombia ha respaldado al sistema energético ecuatoriano en momentos críticos.
La mandataria encargada afirmó que estos ingresos nacionales impactarán también a las regiones del país.
El abogado del colegio sostiene que la solicitud de las víctimas no es jurídicamente procedente y asegura que la institución cumplía con la normativa de seguridad y vigilancia.
Un juzgado indicó que las controversias por los actos administrativos de Mineducación se deben resolver en la jurisdicción contencioso-administrativa.