Electricaribe desvió en total $216 mil millones de subsidios para estratos bajos

Lo que ocurrió durante estos seis años es que la empresa no aplicó en las facturas de los usuarios la totalidad de los descuentos correspondientes al subsidio que les otorga el Foes a la población de los estratos 1 y 2 de zonas especiales, y destinó estos recursos a la disminución de sus pérdidas.

El Foes quedó reglamentado en la Ley 1450 de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, y que reza: “El Ministerio de Minas y Energía continuará administrando el Fondo de Energía Social, como un sistema especial de cuentas, con el objeto de cubrir, a partir del 2011 hasta cuarenta y seis pesos ($46) por kilovatio hora del valor de la energía eléctrica destinada al consumo de subsistencia de los usuarios residenciales de estratos 1 y 2 de las áreas rurales de menor desarrollo, zonas de difícil gestión, y barrios subnormales”.

Aquí, advierte la Contraloría en una auditoría de 49 páginas, fechada en diciembre de 2017, “de acuerdo con la normatividad citada en precedencia, los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2, del área de influencia de Electricaribe S.A.E.S.P en la región Caribe colombiana, que cumplieron los requisitos para ser clasificados dentro de las zonas especiales establecidas por la ley (…) tenían derecho a recibir un subsidio de $46 por cada kilovatio/hora de su consumo, hasta el consumo de subsistencia”.

Por ello, concluye el contralor delegado de Minas y Energía, Ricardo Rodríguez Yee, “se derivó un daño al patrimonio público, representado en el menoscabo de los recursos públicos generado por la indebida aplicación que de ellos hiciera Electricaribe S.A. ESP., (…) al no haber destinado los mismos a (…) subsidiar el consumo de energía de los más pobres, resultando en una desviación de estos recursos que finalmente se aplicaron para enjugar parte de las pérdidas que debe asumir la empresa (…)”.

Un ejemplo práctico de cómo la empresa les quitaba el subsidio a los usuarios y los cogía para su provecho es el caso de un usuario al que se le aplicaba un descuento por subsidio del Foes de solo $19.78, cuando el descuento que tenía derecho a recibir era de $1.978, que es la suma que arroja al hacer el múltiplo de su consumo de 43 kilovatios por hora por los 46 pesos que establece la ley. No obstante, los 1.958.22 de diferencia, Electricaribe los restaba en la factura al ítem de ‘aporte empresa’, concepto que reflejaba las pérdidas de la compañía. No a todos los usuarios afectados se les restaba la misma cantidad, dado que cada usuario reporta un consumo distinto.

La Contraloría también auditó desde noviembre 15 de 2016 a septiembre de 2017, a una Electricaribe ya intervenida, por estas mismas irregularidades del Foes. En este periodo estableció un presunto detrimento al patrimonio público en cuantía de $20.408 millones.

No obstante, el agente interventor, Javier Lastra, respondió al ente de control fiscal que en el periodo de su administración presentó “acciones de mejora, con el fin de aplicar el Foes de acuerdo con lo manifestado por la Contraloría en el informe de agosto de 2017”.

Así mismo, afirmó que “realizado el ajuste técnico a la parametrización, a partir del 1 septiembre de 2017 se aplicará el subsidio en la forma requerida” , lo que se está cumpliendo según Lastra. Y agregó que “en el plan de mejoramiento se propuso la devolución del Foes a los usuarios para el periodo de 15 de noviembre de 2016 a agosto 31 de 2017, hasta el 31 de diciembre de 2017”.

Por ello, el ente de control fiscal, aunque mantuvo el hallazgo debido a que no se desvirtuó la ocurrencia de la irregularidad, confirmó “que se corrige (la anomalía) a partir del 1 de septiembre de 2017 y que la devolución se hará hasta el 31 de diciembre de 2017”.

Sin embargo, el agente interventor explicó que tras la inversión en la parametrización y la implementación de planes de gestión para hacer dichos ajustes, se acordó con la Contraloría un plazo de aplicación hasta junio de 2018.

En la auditoría al proceso de intervención de Electricaribe por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, la Contraloría concluyó que salvo en lo referente al Foes, la modificación de los “k” de contratación (aptitudes de un oferente para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato) y el aumento en la contratación de servicios integrales, “la información acerca del proceso de intervención (…) resulta conforme en todos los aspectos significativos”.

El ente de control advierte que los eventos de negociación y adjudicación de nuevos “k” de contratación, “a pesar de justificarse (…), no se surtió bajo un procedimiento predefinido de análisis y ponderación de los argumentos esgrimidos por los contratistas integrales, o una directriz escrita de la intervención o bajo los parámetros generales dados por la normativa interna de contratación”.

Y frente al aumento en el costo de la contratación de servicios integrales, pone de presente el informe que “no se vio reflejado en el mejoramiento del indicador Saidi (tiempo total de interrupción anual por cliente), durante el período 2009-2016 y no se vieron cambios positivos en esa relación a partir de la implementación del modelo de intervención”.

Por último, el organismo revisor se queja porque ni la empresa, ni la Superservicios, ni la Financiera de Desarrollo Nacional, FDN, le hayan remitido el informe con la “solución” a la crisis de Electricaribe, “por tanto, existen serias dudas para la Contraloría de la forma cómo se implementará la solución que garantice en el mediano y largo plazo la continuidad en la prestación del servicio por parte de la empresa de energía auditada en este proceso, con las exigencias que plantea el modelo de intervención, pues el sujeto de control le dio una preponderancia al cumplimiento del acuerdo de confidencialidad del contrato, en detrimento de la labor de control fiscal”.

En el inquietante asunto de la plata de la empresa, la Contraloría indica que a octubre de 2017, Electricaribe presentaba ingresos operativos por $3,2 billones lo que equivale al 73% de lo presupuestado para el año, con ingresos mensuales promedio de $320,506 millones lo que representa un 90% de lo presupuestado.

“Esta diferencia se ve afectada por un menor ingreso de clientes de energía donde el único mes en el que se supera el presupuesto es en agosto”, se lee en la auditoría.

También describe el informe que el Estado le está debiendo a Electricaribe por concepto de subsidios la suma de $56.000 millones correspondiente al tercer trimestre del 2017: “de no recibir esta suma en el mes de diciembre, se esperaría cerrar el año con un saldo en caja de $-25,811 millones”.

Y al cerrarse el flujo de caja en negativo implicaría que Electricaribe “no podría cumplir sus compromisos con los proveedores, lo cual tendría un impacto negativo en la prestación del servicio y adicionalmente dejaría un panorama incierto para 2018”, alerta el documento.

El ente de control fiscal revisó igualmente el complicado proceso de compras de energía por parte de la compañía, tras lo que concluyó que durante la intervención Electricaribe “cubrió su consumo promedio aproximado de 1.041 Mwh en lo transcurrido de 2017, con un promedio de compra de $143, a través de contratos bilaterales y compra en la bolsa energética”.

De acuerdo con esta tarifa, el total de compras es del orden de los $171 mil millones en promedio mensual para 2017, se lee en la auditoría.

La Contraloría entonces estima que Electricaribe requiere de $482 mil millones en garantías para respaldar el mercado, de las cuales ha recibido $150 mil millones del Fondo Empresarial y $132 mil millones con el Conpes 3910 de noviembre de 2017, pero, advierte, “quedan $192.000 millones faltantes”.