En los municipios del sur del Atlántico ya no se duerme igual. Las noches se han vuelto más largas no por el paso del tiempo, sino por la angustia que crece con cada gota de lluvia que cae en el interior del país.
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El silencio, la zozobra y el miedo poco a poco se han ido apoderando de las comunidades ante la incertidumbre que genera la inestabilidad de los cuerpos de agua del departamento, sumado a los recuerdos de la tragedia que provocó el fenómeno de La Niña hace más de una década: casas cubiertas por el agua, cosechas arrasadas, niños siendo evacuados en canoas improvisadas y madres con los ojos llenos de incertidumbre.
El temor regresó. No hay respuestas claras. Las ciénagas, los arroyos y el impredecible canal del Dique parecen estar al borde, y con ellos la tranquilidad de comunidades enteras.
En los ojos de los abuelos que han visto los ires y venires de la historia se nota el miedo de lo ya vivido; en los más jóvenes, la ansiedad de lo que podría venir. Y mientras tanto, la soledad se apodera de las calles.
Jairo Castro tiene 54 años y toda una vida a orillas del río. Desde que era niño ha vivido en Santa Lucía, un municipio que cada temporada de lluvias revive una historia que la gente preferiría olvidar: la de la inundación del 2010.
“No quisiera ni recordar eso. Fue pesadísimo. Nos tocó dejar nuestras casas, irnos para un colegio, luego hacer un cambuche en la carretera y de ahí para Barranquilla. Pero yo regresaba a pescar y vendía lo que podía”, relata con la voz entrecortada, como si cada recuerdo todavía le pesara.
El temor ha vuelto a rondar el pueblo. Las lluvias han hecho crecer los niveles del río y aunque por ahora ha bajado un poco, la angustia no se va. Lo que más preocupa a Jairo y a otros pobladores es que aunque se está construyendo un muro, no es donde realmente se necesita.
“El trabajo lo están haciendo allá afuera del pueblo y aquí donde está el peligro no han hecho nada. Eso es como tener dolor de muela y que le saquen la que no es. Queda con el dolor igual, o peor”, dice con una mezcla de impotencia y sabiduría popular.
La comunidad siente que no es escuchada. “Aquí lo que hay es miedo. Hay familias que ya se están yendo otra vez, con solo ver que el Dique comienza a crecer”, anotó.
Uno de los habitantes más experimentados en Santa Lucía es Felipe Villa, quien ha construido su vida entre el vaivén del río y la incertidumbre que trae cada temporada de lluvias.
“Siempre he vivido aquí, sobre la orilla del canal del Dique. Ahora mismo está subiendo y bajando. Es inestable. Pero ya empezó a llover otra vez, así que otra vez viene subiendo”, dice con naturalidad, como quien sabe que no conoce otro paisaje ni otro ritmo que el del agua.
Lo que más teme es la segunda temporada de lluvias, cuando el agua llega hasta la trinchera y pone al pueblo en aprietos: “Las calles se dañan, se ponen resbalosas, feas. Uno no sabe cuándo va a venir otra vez una creciente grandísima como la de 2010”.
Villa recordó con claridad ese año. La inundación fue tan repentina que muchos salieron sin aviso previo. Algunos huyeron hacia la ciudad de Barranquilla, pero no todos.
“La mitad nos quedamos aquí, del otro lado del río. Luego vino una comisión que nos quería sacar, pero nosotros dijimos que no, que de este pueblo no nos vamos”, recalcó.
Jorge Arrieta, director de obra del muro de contención que se construye en el Dique, contó que se está ejecutando esta infraestructura en concreto contra inundaciones, que tiene una altura en partes de hasta 5 metros de alto.
“Es una obra completamente en concreto con suficiente hierro, donde estamos empleando la mano de obra de la comunidad. Es intervención que tiene un alcance de 650 metros lineales y, pues, va a ser, en cierto sentido, la que va a proteger toda esta área y dar continuación al muro que ya estaba construido”, explicó el representante legal del consorcio Canal Protección del Dique.
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Aseguró, además, que la ubicación del proyecto se debe a que desde ese punto el canal del Dique se encuentra a 80 metros de distancia y que cuando hay aumento de los niveles del agua esta termina pegando en la vía.
Las aguas del Guájaro
A su vez, las comunidades que confluyen alrededor del embalse del Guájaro también viven sus propias peripecias debido a la necesidad existente de mantener las compuertas cerradas y el derecho a tener acceso al trabajo y alimentación, luego de que la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) tomara la decisión con el propósito de prevenir emergencias ante el aumento de niveles.
Guanerge Cueto, representante de la asociación de pescadores local, denunció lo que considera un manejo irresponsable de las compuertas, una situación que está afectando gravemente a su comunidad.
“Aquí abren las compuertas en la noche para pescar, sin control, y los más perjudicados somos nosotros”, afirmó Cueto con preocupación.
Según él, ni las autoridades locales ni departamentales han asumido responsabilidad alguna frente al problema. Agregó que la situación es crítica y que el nivel del agua, lejos de estar controlado, sigue aumentando.
“Hace poco estuvimos en la compuerta y estaba abierta, el nivel ya va por 4.66 metros. La tarulla ya está llegando a la orilla del malecón y eso nos impide salir a pescar”, comentó.
El impacto va más allá de la pesca. El líder señaló que el agua ya empezó a filtrarse por las calles del corregimiento: “En unos diez o quince días el agua puede llegar hasta la calle 3, donde vive la mayoría del pueblo. Ya está a solo tres o cuatro metros de ahí”.
En la misma línea, dijo que “en el 2010 se reventó el canal del Dique y ni los techos de las casas se veían. No queremos volver a pasar por eso”.
A esto se suma una preocupación clave para el sustento de los pescadores: el mal momento para abrir las compuertas. “Abrirlas ahora no tiene sentido. Entran litros y litros de agua, pero ningún pez. Los alevinos, barbul, arenque, bagre y bocachico entran en abril y mayo, esa es la temporada. Pero ahora no hay peces. Solo entra agua”, dijo otro pescador.
Y también advirtió que la acumulación de agua sin peces no solo impide la pesca, también vuelve más profundo el embalse, dificultando aún más las capturas: “Es un sacrificio para nosotros. Entre más profundo, más difícil pescar. Así no se puede vivir del río”.
Entre tanto, en la zona del corregimiento Las Compuertas, jurisdicción de Manatí, la desesperanza se respira entre los pescadores al no tener acceso garantizado a su medio laboral. Andrys Orozco mencionó que se han quedado sin sustento.
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“Vea lo que llevo: un barbulito y dos arencas. Y eso que vengo desde lejos, porque ya ni vivo aquí. No es solo por mí. Aquí vivimos más de mil personas de la pesca. Si no hay corriente, no hay pescado. Y si no hay pescado, no hay comida”, manifestó.
La situación ha generado incluso decisiones drásticas. Algunos pescadores admiten haber abierto las compuertas por su cuenta en medio de la desesperación. “La CRA tiene su plata y su comida. Nosotros no. Nosotros vivimos de esto. ¿Con qué comemos si no hay pesca?”, cuestionó.
El llamado que hace la comunidad pesquera es claro: que se reabra la compuerta de manera regulada, que se escuche la voz de quienes viven del agua. “Aquí antes había alegría, todos pescábamos. El pescado no solo era sustento, era dignidad”, concluyó.
Persiste el monitoreo
La Gobernación del Atlántico informó que aunque los niveles del embalse del Guájaro y del canal del Dique han venido mostrando señales de estabilización, se continúa con el monitoreo permanente de los distintos cuerpos de agua del territorio, con el fin de anticipar y atender cualquier eventualidad.
El secretario de Interior del Atlántico, José Antonio Luque, afirmó que tras conocerse la situación de la posible apertura de compuertas sin previo permiso, la Policía Nacional inició patrullajes permanentes en el embalse del Guájaro, utilizando las lanchas entregadas por la Gobernación del Atlántico.
“Estas embarcaciones, destinadas para la vigilancia del río Magdalena, el canal del Dique y toda la ribera del departamento, permitirán fortalecer el control en puntos estratégicos y combatir actividades ilegales como la pesca no autorizada”, dijo Luque.
Asimismo, mencionó que el río ha registrado, durante los últimos días, un nivel de 6.20 metros a la altura de la estación San Pedrito, en jurisdicción del municipio de Suan, lo que permite seguir articulados con los comités municipales de gestión del riesgo y las autoridades nacionales para tomar las decisiones necesarias en caso de que se presenten novedades.
Cabe recordar que la reciente declaratoria de calamidad pública ha habilitado al concesionario para ejecutar obras de mitigación por un valor cercano a los $100 mil millones, recursos que serán destinados principalmente a la construcción de muros de contención y otras acciones de protección en los puntos más críticos del canal. Sin embargo, aún se esperan los permisos de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla).
Por otro lado, la Agencia Nacional de Infraestructura ya autorizó los recursos por más de $64 mil millones para el estudio de impacto ambiental que debería ser presentado el próximo año a la Anla y así lograr el aval para conitnuar la ejecución del contrato de la APP del Canal del Dique, que pretende la recuperación de los ecosistemas degradados de la hidrovía.
