Ante el estancamiento jurídico y técnico del conflicto territorial entre Barranquilla y el municipio de Puerto Colombia, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública exhortó al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) a retomar el proceso de deslinde en la zona en disputa.
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La entidad recalcó que el IGAC cuenta con la competencia técnica para establecer un límite transitorio o provisional, mientras el Congreso de la República define de forma definitiva la situación.
El conflicto gira en torno a un extenso polígono de más de 1.400 hectáreas, ubicado en el área del denominado corredor universitario. Estos terrenos habían sido incorporados por la Asamblea Departamental al municipio de Puerto Colombia, pero esa decisión fue anulada por el Consejo de Estado, que confirmó en segunda instancia un fallo del Tribunal Administrativo del Atlántico.
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Aunque el IGAC había iniciado un procedimiento de deslinde, este fue suspendido tras la radicación de un derecho de petición por parte del Distrito de Barranquilla. Desde entonces, la controversia ha permanecido en un limbo que ha dificultado la gestión y planeación territorial en la zona.
En respuesta a este panorama, la Procuraduría convocó una mesa de trabajo interinstitucional con el fin de impulsar salidas institucionales que faciliten una resolución. El Ministerio Público enmarcó esta iniciativa dentro de su función preventiva y su interés en promover el diálogo y la construcción de consensos entre las autoridades involucradas.
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Además, hizo un llamado directo a las administraciones locales para que “asuman con voluntad y responsabilidad los acercamientos necesarios", con el objetivo de avanzar hacia una solución definitiva que elimine la incertidumbre sobre la línea divisoria y permita al Congreso ejercer su competencia en materia de límites intermunicipales.
