La crisis energética del Caribe colombiano se ha agudizado durante el último cuatrienio. A pesar de los constantes anuncios por parte del presidente Gustavo Petro sobre medidas para hacer frente a esta situación, al cierre de su mandato persisten las quejas por las altas tarifas, la precariedad del servicio en amplias zonas de la región y la incertidumbre sobre el futuro de empresas como Air-e y Afinia.
Seis años después de haber iniciado sus operaciones, ambas compañías –que surgieron a partir de la liquidación de Electricaribe– han sido golpeadas por una serie de decisiones que han profundizado su deterioro financiero. Entre ellas se encuentran los retrasos en los pagos de subsidios y de la deuda oficial, así como la falta de inversiones suficientes para modernizar la infraestructura eléctrica.
Cabe recordar que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tomó la decisión de intervencir a la empresa Air-e –operadora en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira– en septiembre de 2024. Sin embargo, para algunos sectores, “el remedio ha sido peor que la enfermedad”.
Para Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios en la región Caribe, la situación actual de Air-e –y en menor medida, Afinia– se ha visto impactada por la falta de voluntad política del presidente Gustavo Petro.
“El presidente no ha tenido la voluntad política necesaria para ayudar a la región Caribe. Si uno hace un balance de su gestión en materia eléctrica en esta región, los resultados son muy preocupantes”, aseguró el vocero de los usuarios a EL HERALDO.
En ese sentido, Alarcón alertó que desde el Viceministerio de Energía se ha reconocido que la situación de la empresa es “crítica”, demostrando que la política energética en el Caribe colombiano ha sido un fracaso.
“Por primera vez no se ha utilizado una herramienta como el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, creado en 2003 precisamente para apoyar financieramente a las compañías intervenidas. En más de año y medio, el Gobierno del presidente Gustavo Petro no le ha inyectado un solo peso a Air-e”, agregó.
Puso de presente que la región concentra el 92 % de la subnormalidad eléctrica del país, mientras que el crecimiento se observa en cerca del 5 % anual.
“Durante los cuatro años del gobierno del presidente Petro, podría haberse incrementado cerca de un 20 % en los siete departamentos de la región. Esto demuestra, una vez más, el fracaso de la política energética para el Caribe y la falta de voluntad política para atender esta problemática”, anotó.
Cifras en rojo
Camilo Sánchez Ortega, presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), se refirió a la situación financiera actual de la cadena energética del país, haciendo enfásis en que la deuda acumulada con las empresas asciende a $8.2 billones.
En ese sentido, anotó que la mayor proporción corresponde a deudas de la empresa Air-e con demás agentes de energía mayorista, que alcanza $2,7 billones, seguido de la opción tarifaria ($2,2 billones), deuda de subsidios ($1,8 billones) y deudas de entidades oficiales ($1,5 billones).
Alertó que esta situación podría generar un racionamiento del 20% de la demanda del país, con pérdidas estimadas de $2,5 billones mensuales.
“Son $8,2 billones que las empresas del sector necesitan para poder seguir funcionando de una forma adecuada, y son empresas públicas, mixtas y privadas las que se ven afectadas, pero no estamos viendo soluciones efectivas al respecto”, dijo.
A su turno, Alejandro Castañeda, presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), indicó que después de 22 meses de intervención, las deudas acumuladas de Air-e con el sector eléctrico ascienden a más de $2 billones.
“Se trata de una cifra muy elevada y, lo más preocupante, es que el Gobierno no responde ni explica qué está ocurriendo con esa situación. Tampoco la pone sobre la mesa como un asunto prioritario”, anotó.
También lanzó una alerta debido a que la Superintendencia no ha sido capaz de definir un esquema claro para la prestación del servicio ni de establecer cuál será el futuro de la compañía que atiende a los usuarios de departamentos como Atlántico, Magdalena y La Guajira.
“No existe claridad sobre qué va a pasar ni cómo se garantizará la continuidad del servicio en esos territorios. Por eso decimos que la situación es compleja. A esto se suman otros problemas históricos de la región, como las altas tarifas, las pérdidas de energía y el robo de electricidad, factores que hacen aún más difícil el panorama”, explicó.
Redes en mal estado
En las últimas semanas, el municipio de Galapa se ha visto afectado por racionamientos de energía por hasta 14 horas que han desnudado la falta de inversiones en las redes e infraestructura eléctrica de la región.
Carlos Cárdenas, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem), calificó como “precaria” la situación en que se encuentran las redes de distribución de energía en el Caribe.
“Tenemos redes agotadas, líneas de media y baja tensión subdimensionadas, transformadores envejecidos y subestaciones que se convierten en cuellos de botella”, dijo.
Para Cárdenas, la electricidad no es un asunto técnico aislado: es seguridad energética, competitividad empresarial y dignidad para los hogares.
“Si el Caribe tiene malas redes, compite peor, produce menos y pierde inversión. Si el Caribe mejora sus redes, gana la región y gana Colombia”, resaltó.
Al respecto, Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, expuso que el Plan 5 Caribe, que fue estructurado para modernizar la infraestructura de energía, se ha ejecutado de forma parcial.
“Se ha ejecutado solo parcialmente. Cuando Air-e y Afinia reemplazaron a Electricaribe, asumieron el compromiso de adelantar las inversiones, Afinia viene cumpliendo, pero Air-e no, prueba de ello es que desde abril del año pasado la Creg le impidió que siguiera facturando las pérdidas no técnicas por dicho incumplimiento”, resaltó.
Anotó, además, que la región Caribe ha venido enfrentando racionamientos de energía desde 2023 debido al agotamiento de las redes.
“Esta situación fue corroborada en una auditoría forense que ordenó el actual ministro (Edwin Palma), cuando era gerente interventor de Air-e. En ese informe se comprobó algo que ya habíamos denunciado: en la región Caribe se estaba disfrazando el racionamiento con mantenimientos programados”, resaltó el experto en temas energéticos.
Se inicia arbitraje
La semana anterior, la compañía española Termocandelaria Power S. A. (TPSA) presentó una solicitud de arbitraje internacional por pérdidas que superan los 198 millones de dólares, generadas por la crisis de Air-e.
De acuerdo con la firma, las medidas regulatorias expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) han impedido que los generadores reciban una remuneración adecuada por la energía que han suministrado a la empresa Air-e.
En la solicitud, que fue radicada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), se exponen las afectaciones que han sufrido sus empresas Termocandelaria (Tecan) y Termobarranquilla (Tebsa), como consecuencia de lo que consideran “una actuación del Estado colombiano contraria a las obligaciones del acuerdo entre Colombia y España”, especialmente en lo relacionado con el trato justo y la prohibición de medidas arbitrarias o discriminatorias.
Sobretasa de 8 pesos, un “salvavidas” que no se ha hecho efectivo
En mayo de 2024, el presidente Petro anunció la nacionalización de la deuda por opción tarifaria en el país para así reducir las tarifas de energía. Sin embargo, esto no se materializó y en su lugar, se optó por diferir el cobro a un plazo de 10 años, lo que redujo el impacto en la factura al pasar de cerca de $260 por kilovatio/hora a unos $54.
Aunque esta medida representó un alivio para los usuarios, la empresa Air-e no obtuvo beneficios; por el contrario, su situación financiera comenzó a tornarse más compleja.
En los últimos meses, el Gobierno ha contemplado el cobro de una sobretasa de 8 pesos por cada kilovatio/hora que sea facturado en el país para así destinar nuevos recursos al Fondo Empresarial de la Superservicios.
Si bien el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, sostuvo que el cobro de la sobretasa es una medida “insuficiente”, pero necesaria ante la actual crisis que tiene la empresa Air-e.
“La medida que proponemos, que es ampliamente apoyada por los gremios del sector, es responsable aunque impopular. Es insuficiente, pero un necesaria. Propusimos recursos en las iniciativas de financiamiento que hundieron en el Congreso”, dijo en su momento.
Por su parte, el presidente de Asocodis, José Camilo Manzur, aseguró que “no vemos conveniente la sobretasa de 8 pesos, porque lo que se debe corregir son los problemas de liquidez. Entendemos que la medida contribuirá a aliviar en algo, pero no es la solución al problema estructural”.
Mientras que Efraín Cepeda Tarud, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, aseguró que la mencionada sobretasa atiende una urgencia de caja mínima y muy puntual: “Es un pañito de agua tibia si se considera que solo se recaudarán $235.000 millones y Air-e les debe $2,2 billones de pesos a generadores térmicos, generadores hidráulicos y transmisores”.
Ciudadanía recurre a paneles solares
Debido a las altas tarifas de energía que siguen cobrándose en el Caribe colombiano, los ciudadanos han venido optando por la compra e instalación de paneles solares para cubrir parte de su consumo.
Patricia González, quien reside en Villa Carolina y decidió instalar paneles solares en su vivienda, afirma que su “dolor de cabeza” cada mes era el pago de la factura de la empresa Air-e.
“Hice cuentas y vi que lo que gastaba en luz podía invertirlo en un préstamo para pagar paneles solares. Antes pagaba entre $1.2 y $1.5 millones mensuales, llegando en ocasiones a $1.8 millones”, señaló.
