Las promesas incumplidas del gobierno de Petro a la región Caribe

Tres años han transcurrido desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro y el balance para el Atlántico no deja de ser agridulce. A solo un año de finalizar su periodo siguen siendo muchas más las promesas que las realidades que se pueden palpar.

Diversos han sido los compromisos que se han hecho desde el Ejecutivo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de esta región; sin embargo, las dificultades que ha enfrentado el Gobierno para la materialización de algunos de ellos se han constituido en un vehículo de confrontación con diversos sectores.

EL HERALDO consultó a varios líderes gremiales y sociales del departamento y de la región para enlistar las tareas cumplidas por el presidente Petro, así como aquellas deudas que siguen pendientes.

Si bien la reducción de las tarifas de energía en el Atlántico y la región ha sido una de las prioridades del Ejecutivo, en los últimos meses han sido pocos los avances que se han materializado en este sentido.

A diario crecen los cuestionamientos frente al compromiso del Gobierno de asumir los saldos de opción tarifaria como deuda pública, más aún cuando a través de un borrador de proyecto de ley se confirmó que los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, así como industriales y comerciales, tendrán que asumir la deuda de los usuarios 1, 2 y 3.

Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios, enfatizó que las tarifas eléctricas son una de las principales preocupaciones de los usuarios en la Costa Caribe.

“Las tarifas son consideradas tarifas impagables, agravadas por el régimen especial tarifario contra los caribeños que le legó el gobierno de Duque al actual gobierno, pero que este se comprometió a derogar para rebajar las tarifas, cosa que incumplió y que solo le queda menos de un año para terminar su cuatrienio”, dijo Alarcón.

Puso de presente que en 2020 el kilovatio/hora estaba en $500, mientras que actualmente se cobra en $885: “Lo que implica un aumento en ese periodo octubre 2020 a agosto 2025 de 77 %, pero si observamos la inflación del mismo periodo es de 38 %, es decir que la energía eléctrica subió dos veces el IPC, un 200 %, algo demasiado oneroso e injusto que debilita la economía familiar y al sector productivo”.

Por otro lado, la intervención de la empresa Air-e no ha tenido los resultados esperados. La aguda crisis financiera por la que actualmente atraviesa tiene en vilo el suministro de energía para los usuarios de Atlántico, La Guajira y Magdalena para el próximo año.

Al respecto, Alejandro Castañeda, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), evidenció recientemente que –actualmente– la compañía le adeuda $1.5 billones al sistema eléctrico.

“El panorama es preocupante, ya que no se ha encontrado una salida. La deuda corresponde a la gestión que ha adelantado la Superintendencia de Servicios Públicos desde que decidió intervenir la empresa en septiembre del año pasado. Desde entonces, el pasivo ha crecido 2,4 veces, y hasta la fecha no hay claridad sobre de dónde saldrán los recursos para cumplir con las obligaciones”, recalcó.

En la última semana, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunció la destinación de recursos por el orden de $63 mil millones para adelantar los estudios necesarios para el trámite de la licencia ambiental para el proyecto de restauración de los ecosistemas degradados del canal del Dique.

Aunque este aval es de gran relevancia, desde distintos sectores se ha expresado la preocupación por los retrasos que este proceso supone para el cronograma de obras.

Es de anotar que se requieren, al menos, 14 meses para la construcción del estudio de impacto ambiental, a lo que se suman varios meses para que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) entregue su veredicto.

“Cada día que pasa sin ejecutar el proyecto ponemos en riesgo a miles de personas. El proyecto de recuperación ambiental más importante de América Latina no puede seguir trabado. Necesitamos menos trámites y más hechos”, dijo el gobernador de Bolívar, Yamil Arana.

En la misma línea, Juan Camilo Oliveros, director del Consejo Gremial de Bolívar, criticó que van a pasar los cuatro años del Gobierno sin que se ejecuten las obras principales en el canal del Dique.

“No estamos seguros de si alcance a concluirse esta etapa de estudios previos antes del cierre del Gobierno. Hablamos de varios meses mientras se adelanta el estudio y la ANI resuelve la situación de sus análisis y toma su decisión. En este sentido, es probable que las obras principales se ejecuten ya en el siguiente gobierno”, mencionó.

Y agregó que “los recursos proyectados para ejecutarse durante estos cuatro años, en su mayoría, no se han invertido. De hecho, hubo un aplazamiento de las vigencias futuras, lo cual consideramos en su momento que ponía al proyecto en una situación difícil. Esperamos que pronto se decida cómo se redistribuirán las correspondientes vigencias futuras con los cambios en el cronograma”.

El proyecto vial Cartagena - Barranquilla - Circunvalar de la Prosperidad fue escogido por el Gobierno nacional para implementar un piloto de cobro de valorización. Este proceso ha sido objeto de rechazo por parte de la ciudadanía y gremios, aunque el Gobierno lo ha sustentado como un proceso clave para fomentar el desarrollo de la infraestructura en el país.

En este momento se avanza en una lucha jurídica para frenar el cobro. Si bien el Tribunal Administrativo del Atlántico suspendió el proceso a través de unas medidas cautelares y la Corte Constitucional tumbó un artículo del Plan de Desarrollo, se espera que el Consejo de Estado tome una decisión frente a las demandas que se han presentado contra las resoluciones expedidas por el Instituto Nacional de Vías (Invías).

“Este cobro afectaría seriamente el desarrollo inmobiliario y turístico de toda esta franja costera, que representa uno de los principales motores de ingreso para muchos de estos municipios. En ese sentido, va en contravía de la prosperidad y el desarrollo de estas comunidades”, dijo –recientemente– Efraín Cepeda Tarud, presidente del Comité Intergremial del Atlántico.

Otro de los cuestionamientos contra el Ejecutivo corresponde a que no se han anunciado mayores obras para la región, ni se materializaron en la inversión regionalizada del Presupuesto General de la Nación, como es el caso de los viaductos de la vía Ciénaga – Barranquilla, “cuya construcción no es solo un tema de infraestructura, sino de protección ambiental”.

Desde el mes de mayo, el Gobierno nacional ha venido explorando la posibilidad de establecer una mesa de diálogo con Digno Palomino, líder de la banda ‘Los Pepes’, y Jorge Díaz Collazos, alias Castor, cabecilla de ‘Los Costeños’, en el marco de la iniciativa de paz urbana, que forma parte de la paz total que impulsa el presidente Petro.

Para expertos en materia de seguridad, este proceso en la capital del Atlántico supone una serie de retos, teniendo en cuenta las dinámicas propias de estos grupos.

Así lo recalcó Alejandro Blanco, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Libre seccional Barranquilla, quien fue enfático al sostener que se deben tener en cuenta una serie de aspectos para medir la efectividad de dicha mesa de diálogo.

“Debe haber resultados rápidos y que puedan ser verificables. En 90 días la ciudadanía debe sentir menos homicidios y resultados positivos frente a la extorsión priorizando barrios o zonas. En este sentido, es fundamental la presencia estatal sostenida de la mano de acciones firmes para evitar el reclutamiento de menores”, sostuvo.

Además, indicó que debe haber sostenibilidad en los resultados: “De nada sirve un pico de bajas tasas de violencia si a los seis meses se da un repunte. Se necesitan datos abiertos para monitorear avances”.

Asimismo, Blanco expuso que este proceso debe abrir la puerta a la ciudadanía con unas reglas claras, así como contemplar espacios como mesas barriales con comerciantes, transportadores y academia, entre otros.

Luis Trejos, docente de la Universidad del Norte, reconoció que se ha generado mucha expectativa frente a la instalación de una mesa de diálogo en la ciudad. Al mismo tiempo evidenció que desde mayo, cuando se realizó el anuncio, se han incrementado las dinámicas violentas en la ciudad.

“Los anuncios todavía no se han traducido en una postura oficial e institucional, sino que se está realizando una caracterización de estas organizaciones y la última palabra no ha sido dicha aún. Esto también ha generado una cierta incertidumbre, porque ha habido un incremento significativo de la violencia homicida”, expuso.

En su concepto, pueden existir dos hipótesis alrededor del escalamiento de la violencia: “Puede pasar que los grupos estén presionando a las autoridades locales y nacionales por medio del homicidio para que rápidamente se instale la mesa, o por otro lado, ante el eventual inicio de esta mesa de diálogo, los grupos han acelerado su actividad criminal con el fin de capturar la mayor cantidad de territorio y rentas, y una vez se instale la mesa, en el marco de la tregua, poder dedicarse a gestionar esas economías ilegales, limitando al máximo la violencia homicida”.

Efraín Cepeda, ex presidente del Congreso de la República, aseguró que el Gobierno nacional tiene pendiente el reconocimiento de la región Caribe como una “zona de importancia estratégica en el país”, lo que ha conllevado a una reducción de la inversión.

“El Caribe fue la zona del país con el mayor decrecimiento real en inversión en 2025, con una disminución del 27 % en términos reales y del 24 % en términos nominales. Solo el departamento del Atlántico sufrió un recorte del 32,5 %, es decir, más de 1 billón de pesos, pasando de $3,17 billones en 2024 a $2,14 billones en 2025. Esta reducción impacta directamente la ejecución de obras prioritarias para la región, muchas de las cuales siguen pendientes y sin materialización”, sostuvo el líder conservador a EL HERALDO.

También cuestionó que la capital del Atlántico perdió la oportunidad de ser sede de eventos globales como el Foro Global sobre Migración y Desarrollo, un circuito de la Fórmula 1, la Serie Intercontinental de Béisbol y los Juegos Panamericanos 2027, entre otros.

“El mismo presidente había postulado a Bogotá para la versión de 2019 cuando fue alcalde, y años después tras la confirmación de Barranquilla como sede de 2027, nos quitó la oportunidad ya siendo presidente. Esta negligencia no solo lesionó la imagen del país ante la comunidad internacional, sino que afectó de forma directa el empleo, la economía y el turismo de toda la región, anulando lo que estaba llamado a ser una vitrina global para Colombia”, puntualizó.

La zona portuaria de Barranquilla ha logrado mantener una estabilidad en el calado operacional gracias a la continuidad en las labores de dragado. Este hecho ha redundado en mayor competitividad y eficiencia de las terminales portuarias, al punto que en 2024 lograron una cifra histórica en movilización de carga.

Lucas Ariza, director Ejecutivo de Asoportuaria, resaltó que este ha sido un “gran logro”, teniendo en cuenta que en anteriores gobiernos se generaron crisis ante la falta de interés, presupuesto o información técnica alrededor de la zona portuaria.

“Con la gestión de Cormagdalena y del Ministerio de Transporte, ha logrado —y ahí están las cifras— más de 30 meses de estabilidad y buenos calados. Aun en estos últimos meses, con el fenómeno de La Niña y lluvias intensas, se presentó una crisis en la que el calado bajó a 10 metros, pero antes de esa crisis habíamos mantenido niveles de 5,5 a 7 metros. Sin duda, es algo que le ha salido muy bien al sector transporte y de infraestructura, y que le ha cambiado la cara a una zona portuaria que vivía de crisis en crisis”, destacó el líder gremial.

Ariza expuso que este último año se debe dar celeridad a la consolidación del plan del río Magdalena, que comprende acciones para la navegabilidad, el dragado y obras complementarias.

“Lo importante es que se mantenga el dragado. Que lo bueno que se ha logrado en estos seis años culmine. Ahí le corresponderá al Ministerio y a la Nación gestionar los recursos para cerrar este período de gobierno con un hito histórico para la zona portuaria”, enfatizó Ariza.

Puso de presente que el contrato de dragado se extiende hasta diciembre de 2025: Faltaría completar el primer semestre hasta julio de 2026. Por eso solicitamos adelantar recursos de vigencias futuras para garantizar desde este año el dragado del próximo”.