De los conceptos técnicos que dejaron clara la crítica situación de Air-e en la carta que el ministro de Minas, Edwin Palma envió al superintendente de Servicios Públicos, Yanod Márquez, que se conoció el pasado martes, el jefe de la cartera de energía pasó a la posición política en una declaración ayer en la que aseguró que el Gobierno busca articuladamente una “solución empresarial” para la compañía.
Solución que parece escapar de las manos del Ministerio y que ayer se reclamó en el Congreso a la Superservicios, que intervino la empresa desde septiembre de 2024 justamente por su iliquidez para garantizar su operación en la región Caribe.
Para los líderes gremiales y expertos del sector energético, el hecho de que el ministro Palma reconozca que la empresa intervenida sigue enfrentando las mismas dificultades que motivaron su intervención, confirma las advertencias que han venido haciendo por el alto riesgo de un racionamiento, ante la falta de recursos para cumplir con las obligaciones que tiene con los generadores de energía.
El ministro aseguró este miércoles que con DNP y Ministerio de Hacienda están apoyando a la Superservicios para lograr el saneamiento financiero de la empresa y poder seguir prestando el servicio de energía de 1 millón 300 mil usuarios de la región.
“En particular lo que se está haciendo desde el Gobierno nacional es tratar de buscar la solución empresarial, que es una tarea que tiene la Superintendencia y que está trabajando en ello, para mirar cuál es el futuro de la empresa o de la forma en cómo debe prestarse la energía eléctrica”.
Deuda por subsidios
También se refirió a la deuda por subsidios que el Gobierno nacional tiene con el sector energético. Dijo que hay una voluntad política para saldar estos compromisos y para ello vienen adelantando mesas técnicas con las empresas.
“Estamos haciendo algunos giros en efectivo, otros estamos convirtiéndolos en certificados. El ministerio de Hacienda está siendo muy activo en garantizar la caja a las distribuidoras y comercializadoras, además hay una mesa permanente que es muy importante y la expresión de la voluntad política del presidente de ponernos al día en materia de subsidios”, explicó.
En cuanto a la deuda por la opción tarifaria –que asciende a $3 billones– insistió en que fue heredada del gobierno anterior.
Deuda con generadores
Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), advirtió que las deudas que la empresa Air-e tiene con los generadores, que está en $1.5 billones no solo afectarían el suministro de energía local, sino a nivel nacional.
De esta cifra, le debe a los agentes térmicos cerca de $900 mil millones.
Castañeda aseguró que si no se les paga a las térmicas, estas quedarían sin recursos para comprar los insumos como gas y carbón para generar la energía que se inyecta al sistema interconectado.
Dijo que para el segundo semestre tiene que haber una solución. “Esto tiene que tener una solución antes de septiembre. Una solución de fondo, ya sean acuerdos de pago o la figura que se quiera”.
El líder gremial responsabilizó a la Superintendencia –que intervino a Air-e– por la crisis de la empresa de servicios porque es la responsable de gestionar que la empresa sea viable económicamente “y no está haciendo ninguna de las acciones”.
La punta del iceberg
Por su parte, el ex ministro de Minas y Energía y analista del sector energético Amylkar Acosta calificó como preocupante que la difícil situación financiera de Air-e persista pese a su intervención por parte del Gobierno.
Celebró el hecho de que el mismo ministro le hiciera la solicitud al superintendente Yanod Márquez para buscar una salida a la situación financiera de Air-e y que le permitan cumplir las obligaciones que tiene la compañía con los generadores y evitar un posible apagón.
Para Acosta, la crítica situación de Air-e no solo es de esta compañía, sino de muchas comercializadoras del país: “Esto es solo la punta del iceberg”.
Sostuvo que son muchas las empresas del sector energético que se encuentran actualmente en dificultades financieras ante el retraso por parte del Gobierno de los subsidios. “El Gobierno no les gira el valor de los subsidios que ellas ya le han reconocido a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, que en el caso de la empresa Air-e son 360 mil millones de pesos que le adeudan”, explicó.
Ante este panorama, la sugerencia del exministro es que Palma también le haga un llamado al ministro de Hacienda, Germán Ávila, para que, junto con la Superintendencia de Servicios Públicos, procedan en consecuencia, “a riesgo de que, si no lo hacen, estaría abocada la región Caribe y especialmente estos tres departamentos a sufrir los rigores de un racionamiento”, puntualizó.
En plena crisis de Air-e, dejaría de percibir el 3 % si no recauda la tasa de seguridad
Carlos Rojano, diputado de la Asamblea Departamental, se pronunció sobre la decisión de la empresa Air-e de incluir un tercer cupón a la factura de energía para que el usuario decida si paga o no la tasa de seguridad. Dijo que el hecho de que un usuario decida o no pagar este impuesto en el recibo no lo exime del mismo.
Fue enfático al afirmar que, por el servicio de recaudo que presta la empresa Air-e a la Gobernación del Atlántico, esta recibe el 3 % del valor de la tasa.
“Air-e está prestando un servicio y gana por este recaudo”. Y aclaró que el valor de la tasa de seguridad no tiene nada que ver con el costo de las tarifas de energía.
“Esa tasa no representa incremento o disminución del valor de la energía, porque el valor de la energía se define por el valor del kilovatio”.
Rojano aseguró que los ciudadanos tienen que tener en cuenta que este impuesto se tiene que pagar, “así como es obligatorio pagar la contribución o la tasa del deporte, así se tiene que pagar”, puntualizó.
