Hasta el próximo 5 de agosto será suspendida la medida de cortes diarios del servicio de energía en 37 sectores de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
El anuncio fue hecho tras una reunión que se llevó a cabo entre el Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la empresa Air-e para analizar las implicaciones de la mencionada medida, que fue adoptada ante los bajos índices de recaudo.
En los últimos días se han conllevado airadas protestas en contra de esta decisión de la empresa Air-e. Tal panorama fue calificado como una “difícil situación social”, teniendo en cuenta que las suspensiones de energía se han llevado a cabo en barrios subnormales y zonas de difícil gestión.
Uno de los compromisos adquiridos por la compañía corresponde a definir una “senda de mejora” en el recaudo para cada circuito y área energética: “El cumplimiento periódico garantizará que no se aplique dicha medida de limitación del suministro de energía”.
Asimismo, la empresa continuará con la gestión de la renegociación de los acuerdos con los suscriptores comunitarios.
De acuerdo con Air-e, el cumplimiento de los acuerdos se encuentra sujeto al “acceso permanente a las operaciones en sus redes eléctricas”, tales como lectura, revisión, PQR, suspensiones y reconexiones, entre otras acciones.
Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía se comprometió a presentar –a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg)– una propuesta de resolución encaminada a disminuir los precios de los contratos bilaterales de energía, a través de correctivos en el aumento del Índice de Precios del Productor (IPP). Cabe recordar que ese es el indicador que se utiliza para definir la variación en los precios de algunos componentes de la tarifa de electricidad en el país.
Asimismo, la cartera de Minas y Energía adelantará las gestiones pertinentes, en el menor tiempo posible, para que se adelante el pago a los operadores de red de los subsidios causados.
Mientras que los alcaldes –que decidan vincularse a la negociación para que se suspenda parcial o totalmente los períodos de continuidad– tendrán un plazo de 10 días calendarios para firmar un acuerdo con la empresa Air-e para asumir una parte del recaudo mensual de la energía de los barrios subnormales y de las zonas de difícil gestión.
Las protestas en Atlántico
La noche de este miércoles fue compleja en materia de orden público en Barranquilla y su área metropolitana a causa de varias manifestaciones de la ciudadanía debido a los cortes de luz.
La primera protesta se realizó a la altura de la avenida Circunvalar con carrera 27. En este punto, los habitantes del barrio Los Olivos 1 impidieron el paso de vehículos por varias horas, exigiendo una pronta solución.
“Acá no nos socializaron nada. Llevamos tres días que nos quitan la luz desde las 8:00 p. m. hasta las 2 o 3 de la mañana. Acá viven muchos niños y adultos mayores que están siendo afectados por esta situación”, aseguró Enna Rodallega Hernández, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Los Olivos 1.
Otro punto complejo fue la calle 103 con carrera 22, entre los barrios Los Olivos y La Paz. En esa zona, la comunidad quemó varias llantas en motivo de rechazo a la actual situación.
“Le pedimos al Gobierno que se ponga la mano en el corazón y ayude a estas comunidades del Suroccidente de Barranquilla que estamos sufriendo por este atropello. Entre todos se tiran la pelotica y nadie hace nada”, expuso un habitante del sector.
Mientras que en la Cordialidad, a la altura del barrio Mundo Feliz, en Galapa, se registró un bloqueo por parte de la comunidad. Posteriormente, varios manifestantes se trasladaron hasta la casa del alcalde Fabián Bonett para rechazar esta medida y pedir acciones concretas por parte de la administración municipal.
“Todos los días nos quitan la luz desde las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana. El alcalde nos tiene que solucionar esta problemática, fuimos a su casa y no aparece”, aseguró un habitante de este sector del municipio.
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Las manifestaciones siguieron durante la mañana de este jueves. Un vehículo de la empresa Air-e fue retenido por varias horas por la comunidad en el corregimiento de Arroyo de Piedra, en jurisdicción del municipio de Luruaco.
Héctor Roca, personero de Luruaco, sostuvo que trasladaron hasta la zona para garantizar la integridad de la comunidad y los trabajadores.
Puso de presente que se inició una actuación preventiva y no han recibido respuesta, por lo cual se procederá a interponer una tutela que permita garantizar los derechos de la comunidad en esta zona del departamento.
Posteriormente se llevó a cabo una nueva protesta en la Cordialidad, a la altura de la emboscada de Repelón. Un fuerte represamiento vehicular se registró en este punto del departamento, incluyendo varias ambulancias.
Posición de los alcaldes
Los alcaldes de los municipios del Atlántico que han resultado afectados por las suspensiones diarias de energía han vuelto a expresar su descontento por la aplicación de la medida, teniendo en cuenta que vulnera los derechos fundamentales de las comunidades.
La alcaldesa del municipio de Malambo, Yenis Orozco, sostuvo que es necesario que se adopten acciones en conjunto con el Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos y la Procuraduría frente a esta problemática.
Orozco también expuso que se requiere contar con un concepto jurídico para tomar las decisiones correctas sobre la propuesta, en materia de inversión, planteada por Air-e a todos los mandatarios locales.
Mientras que el alcalde de Repelón, Jorge Reales Martínez, indicó que se encuentran en la búsqueda de un punto de equilibrio para defender los intereses de sus localidades y garantizar un servicio público eficiente.
“Estamos pensando acudir al Ministerio Público, al Ministerio de Minas y Energías y a nuestras comunidades, para hacer las mesas técnicas necesarias y acudir a todas las vías de hecho legal”, señaló.
Por su parte, el alcalde de Piojó, Fernando Tejera, manifestó que trabajarán en conjunto con la Defensoría del Pueblo para tomar acciones legales y escalar el problema a nivel nacional, principalmente con el presidente de la República.
“Estamos siendo afectados millones de personas, y creo que esta no es una situación que solamente la podamos arreglar desde los municipios de sexta categoría y desde cualquier municipio del Atlántico. Esto ya es una cuestión histórica”, puntualizó.
Vanessa Torres, alcaldesa de Campo de la Cruz, fue enfática al sostener que no se cuentan con los recursos suficientes para asumir el pago del servicio de los sectores subnormales.
“No hemos recibido instrucciones ni del Gobierno nacional ni de los órganos de control que brinden tranquilidad para la toma de decisiones con relación a los acuerdos propuestos por Air-e. No podemos reconocer deudas de los usuarios que resultan onerosas”, expuso.
Además, indicó que son necesarias mesas de trabajo con el Ejecutivo y los órganos de control para consolidar un apoyo a los municipios para enfrentar esta problemática.
A su turno, el alcalde de Luruaco, Ameth Juan Hanna, calificó de “despiadada” a la empresa de servicios, por tratar de recuperar una cartera morosa de muchos años. Por esa razón propuso que se inicien acciones legales, en lugar de cortar el servicio a toda la población.
“Esto es una situación que afecta a la familia, genera protestas y nos puede llevar a un caos y a unas consecuencias lamentables en el futuro”, dijo el mandatario local.
