Los hechos por los cuales son investigados ocurrieron en el municipio de Campo de la Cruz, Atlántico.
Se trata de alias Ocho, quien habría estudiado medicina en Cuba y cumplía un rol político en la organización.
Un coronel y dos mayores están implicados en el entramado por el que habrían defraudado al Estado en $320 millones.
De acuerdo con el estudio realizado por la psicóloga Edith Aristizábal el endurecimiento de las penas no es suficiente para esta población.
El alto tribunal estableció que es contrario a la Constitución permitir que las autoridades accedan a estos con argumentos de 'prevención', sin una autorización previa de un juez.