El derecho a morir dignamente, reconocido en Colombia como una garantía fundamental desde 1997, parece aún una promesa lejana en el Caribe colombiano. Así lo advierte el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLAB) en su más reciente informe ‘De Muerte Lenta #3’, el cual evidencia un acceso mínimo a la eutanasia en esta región del país.
Según las cifras oficiales recopiladas por DescLAB a partir de datos del Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, en la última década solo los departamentos de Atlántico y Bolívar han reportado solicitudes y procedimientos de eutanasia.
En 2024, Bolívar registró un caso y Atlántico ninguno; en 2023 ambos reportaron apenas un procedimiento cada uno. Los años anteriores no muestran una realidad diferente: entre 2021 y 2022, solo Bolívar realizó un caso por año, mientras que en Atlántico no hubo ninguno.
Camila Jaramillo, abogada y líder de la estrategia de muerte digna de la organización, explicó que el informe hace parte de una línea de trabajo que busca visibilizar las inequidades territoriales en torno a este derecho.
“Desde hace siete años, con nuestra estrategia Toma el Control, venimos trabajando para que las personas puedan tomar decisiones informadas sobre el final de su vida. Este documento no solo analiza la eutanasia, sino también la adecuación del esfuerzo terapéutico y las voluntades anticipadas”, dijo.
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El laboratorio desarrolla procesos de incidencia normativa, litigio estratégico y divulgación. Casos emblemáticos como el de Marta Sepúlveda, cuya batalla judicial abrió la puerta a la despenalización de la asistencia médica al suicidio, han sido liderados por este equipo.
Sin embargo, Jaramillo advierte que la situación en el Caribe es particularmente preocupante. “No existen estudios oficiales del Ministerio de Salud ni de las secretarías departamentales que expliquen por qué el acceso es tan limitado. Nuestra percepción es que hay una falta de presión institucional. Si el Ministerio no exige a las entidades garantizar este derecho, las clínicas y hospitales tampoco se sienten obligados a hacerlo”, explicó.
El resultado, según ella, es un círculo vicioso: “Como las instituciones no tienen protocolos ni brindan información, la gente ni siquiera sabe que puede solicitar la eutanasia. En cambio, en lugares como Bogotá, Antioquia o Risaralda, donde los hospitales están más comprometidos con el tema, las personas conocen sus derechos y pueden ejercerlos”.
¿Por qué ocurre esto?
El informe evidencia que las solicitudes en el Caribe son mínimas y que el problema no se debe únicamente a factores culturales o religiosos. Aunque reconoce que las creencias tienen peso, en especial en una región profundamente católica, la disparidad entre los departamentos indica que hay otro componente.
“Durante mucho tiempo pensamos que podía tratarse de un tema de creencias religiosas. Y claro, Colombia es un país católico, eso influye. Pero si Antioquia, siendo uno de los departamentos más conservadores, tiene 445 procedimientos, ¿Cómo se explica que Atlántico tenga solo uno? Ahí tiene que haber algo estructural”, explica la abogada.
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Desde su análisis, el problema está en la falta de compromiso institucional y en los vacíos de información que impiden que las personas conozcan y ejerzan este derecho. “Las instituciones de salud no están ofreciendo canales claros para tramitar solicitudes, ni protocolos, ni espacios de conversación. Entonces las personas ni siquiera saben que pueden pedirlo”, añadió.
Jaramillo también se hizo un interrogante que pone en evidencia la ausencia de debate público en la región.
“¿Alguna vez has visto una conversación abierta sobre eutanasia en el Caribe? No la hay. Ni en medios, ni en espacios de salud, ni en foros públicos. Y eso también refleja el silencio institucional”.
Esa falta de discusión, dice, perpetúa el desconocimiento y deja sin respuestas a las personas que desean ejercer su derecho a morir dignamente. “Cuando las cifras muestran que 11 personas solicitaron el procedimiento y solo una lo obtuvo, algo está fallando. No sabemos si fueron negadas injustamente, pero todo indica que existen barreras que deberían ser revisadas”.
Llamado a las instituciones
El laboratorio lanzó un llamado a las autoridades de salud del Caribe colombiano para que garanticen el derecho a morir dignamente y eliminen las barreras que impiden su acceso.
“Lo que queremos es que haya mayor acceso a la información sobre los derechos de los usuarios del sistema de salud. Morir dignamente es un derecho fundamental, y las personas tienen derecho a hablar de este tema con sus médicos. Las clínicas, hospitales y EPS están legalmente obligadas a ofrecer rutas claras y brindar información”.
