El Senado de la República volverá a poner bajo la lupa la declaratoria de emergencia económica expedida por el Gobierno nacional. La mesa directiva de la corporación confirmó que el próximo martes 27 de enero se reabrirá el debate de control político, pese a que la mayoría de los ministerios aún no ha entregado las respuestas solicitadas por los congresistas.
La citación se apoya en una proposición impulsada por el senador Carlos Fernando Motoa, del partido Cambio Radical, que dio origen a un extenso cuestionario enviado a las 19 carteras del Ejecutivo. Hasta ahora, solo tres despachos han remitido información: uno de manera completa y dos con respuestas parciales, mientras que el resto permanece en silencio frente a los requerimientos del Legislativo.
El intercambio entre Gobierno y Congreso comenzó el 26 de diciembre, apenas cinco días después de que el presidente Gustavo Petro firmara el decreto que activó la emergencia.
Entre los puntos centrales que plantea Motoa y que cuentan con el respaldo mayoritario del Senado, se encuentra la exigencia de aclarar los fundamentos que llevaron al Gobierno a adoptar esta medida excepcional desde el primero de enero.
Proceso en la Corte
En la Corte Constitucional ya comenzó a tomar forma un trámite que podría dejar en pausa una de las normas más controvertidas expedidas por el Gobierno de Gustavo Petro en el marco de la emergencia económica.
El caso fue asignado al magistrado Carlos Camargo, quien tendrá a su cargo la ponencia del expediente. De acuerdo con reportes conocidos este martes, la petición para suspender los efectos del decreto fue presentada por el presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, y quedó formalmente radicada para su evaluación.
La solicitud plantea que, mientras se adelanta el análisis de fondo, la medida sea congelada de manera preventiva. El argumento central es que la declaratoria de emergencia no se habría sustentado en hechos inesperados o extraordinarios, sino en situaciones que, a juicio de los promotores de la acción, corresponden a problemas estructurales y a decisiones de política fiscal adoptadas con anterioridad.
Bajo esa lectura, el uso de facultades excepcionales del Ejecutivo sería improcedente, ya que la Constitución exige que estas se activen únicamente ante escenarios imprevistos y de gravedad inusual. Algunos de los conceptos presentados incluso van más allá y solicitan que la norma sea retirada de manera definitiva del ordenamiento jurídico.
El trámite aún no entra en su fase decisoria. Falta el pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación, un insumo determinante para que la Corte pueda avanzar hacia una resolución de fondo. En declaraciones recientes, el propio Ibáñez indicó que el país podría conocer en los próximos días si se adopta o no una suspensión provisional, mientras que el fallo final sobre la constitucionalidad del decreto se proyecta para finales de febrero.
De manera paralela, la Corte ya distribuyó entre sus magistrados los demás decretos expedidos bajo la declaratoria de emergencia. En sesión de Sala Plena se definió que Camargo también estudiará la norma que dio origen al estado excepcional, mientras que el magistrado Juan Carlos Cortés quedó a cargo del decreto que introdujo las medidas tributarias. Ambos expedientes avanzarán de forma coordinada dentro del alto tribunal.
