La Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de la resolución mediante el cual el Consejo Nacional Electoral había reconocido la personería jurídica al movimiento político Dignidad Liberal, del exsenador Rodrigo Lara, hijo del exministro Rodrigo Lara Bonilla.
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En la sentencia se lee que “no se demostraron escenarios de violencia grave o extraordinaria que hubiesen impedido la participación y el ejercicio en forma libre de los derechos y las garantías fundamentales del movimiento político Dignidad Liberal”.
El Consejo de Estado concluyó que el CNE incurrió en falsa motivación y desconoció el precedente fijado en la Sentencia SU-257 de 2021 de la Corte Constitucional, que definió los parámetros para otorgar personerías jurídicas a partidos y movimientos afectados por hechos de violencia política.
De acuerdo al fallo del magistrado Luis Alberto Álvarez, presidente de la Corporación, el CNE fundamentó su decisión en el entonces magnicidio del ministro Rodrigo Lara Bonilla, registrado en 1984.
Sin embargo, la Corte Constitucional había determinado que los hechos de violencia relevantes en estos casos deben haber ocurrido después de 1988, año en que se consolidó la apertura democrática en Colombia con elección popular de alcaldes.
El Consejo de Estado consideró que el hecho de 1984, aunque trágico, no impidió la participación del movimiento en las contiendas electorales de 1988 y, por tanto, no podía servir de sustento para reconocerle la personería jurídica.
Por eso, la Sala declaró la nulidad del partido Dignidad Liberal por la vulneración del orden superior y aplicación errónea del procedente judicial.
El CNE había otorgado la personaría jurídica al partido Dignidad Liberal en julio de 2024 por petición de Rodrigo Lara hijo. El exsenador argumentó que este partido fue fundado por su padre Rodrigo Lara Bonilla y permaneció vigente en 1974, 1978 y 1982 y que el movimiento desapareció luego del asesinato de su padre, entonces ministro de Justicia.
“Desde esta perspectiva, reconocer la personería jurídica a esta organización política es una medida adecuada para asegurar que las consecuencias negativas de los actos violentos no afecten injustamente a quienes buscan contribuir democráticamente al desarrollo de Colombia”, señaló la decisión en su momento.
