El futuro de la Reforma Pensional, contenida en el proyecto de Ley 2381 de 2024, pasa hoy a su examen más riguroso cuando la sala plena de la Corte Constitucional inicie la revisión sobre si la iniciativa oficialista, demandada por la senadora opositora Paloma Valencia, cumplió con todos los requisitos legales durante su trámite en el Congreso de la República, específicamente en la Cámara de Representantes.
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El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente del alto tribunal, repartió el pasado viernes 10 de octubre la ponencia a la Sala Plena para su análisis. El cuerpo de togados, en este caso, deberá decidir si se subsanaron los supuestos vicios de trámite que obligaron a que, en su momento, el articulado fuera devuelto al Congreso.
El recién posesionado magistrado Carlos Alberto Camargo Assis, ex defensor del Pueblo y duro opositor del gobierno de Gustavo Petro, podrá participar en el análisis de la ponencia.
Sin embargo, en la magistratura es difícil hablar abiertamente sobre la posición que sentarán los nueve togados de la sala.
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En cualquier caso, los escenarios de decisión son dos: en caso de ser declarada exequible, el nuevo sistema reemplazará, por etapas. Por otro lado, si se declara inexequible, la ley perdería efectos jurídicos y ocasionaría un duro golpe al gobierno de Gustavo Petro, que ha insistido en la entrada en vigencia de la iniciativa.
“El Gobierno no quiso escuchar, no permitió el debate y no tuvo en cuenta las preocupaciones que tenían los colombianos. La Reforma disparará la deuda pensional al 180 % del PIB y les expropiará los ahorros a los trabajadores que hayan cotizado entre 300 y 999 semanas. Es el robo del siglo”, manifestó la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.
A pesar de las tensiones entre el Legislativo y la Rama Judicial, el oficialismo es optimista de la decisión que se tome sobre la reforma.
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“En julio pasado se votó la reforma nuevamente, se hizo todo el procedimiento, después se pidieron las actas, las actas se enviaron a la Corte. Es decir que el balón en este momento está en la honorable Corte Constitucional, que según los sondeos logramos percibir que la mayoría de los magistrados van a votar la constitucionalidad de la ley y la aspiración que tenemos en el Gobierno nacional y en Colpensiones es que a más tardar el 1 de noviembre empiece la vigencia de la ley”, explicó Jaime Dussán, presidente de Colpensiones.
De acuerdo con el Gobierno, “con la reforma el país avanza en cerrar las brechas de género hoy existentes en el sistema, acogiendo la sentencia de la Corte Constitucional que reduce las semanas de cotización para las mujeres a mil semanas, y añadiendo un bono de género que va a permitir que del 2025 a 2035 las mujeres por cada hijo o hija obtengan 50 semanas de cotización hasta un máximo de tres hijos o hijas”.
Esta ley de la República “reconoce los derechos adquiridos, es decir, las personas pensionadas continúan en las mismas condiciones”. Además, según el Ejecutivo, “pretende avanzar en la universalización del derecho a la pensión, y ayudar a salir de la pobreza extrema a los tres millones de adultos y adultas mayores que hoy están por fuera de cualquier beneficio”.
Presidente Petro ha presionado a la Corte
El presidente Gustavo Petro aseguró este lunes que “alguien que niega un hijo no puede ser presidente de la Corte Constitucional”, en referencia al magistrado Jorge Ibáñez, quien ha sido blanco de críticas por una investigación periodística sobre su rol de padre.
“Alguien que niega un hijo no puede ser presidente de la Corte Constitucional. Si le niega los derechos a su propio hijo le negará los derechos a todos los colombianos (sic)”, dijo en su cuenta de X. El mandatario ha atacado duramente en los últimos meses al magistrado Ibáñez, a quien ha acusado de realizar maniobras dilatorias con el objetivo de que la reforma pensional no pueda obtener luz verde al interior de la sala plena de la Corte Constitucional.
