Una fuerte controversia ha generado la propuesta de modificar, dentro del proyecto del Presupuesto 2022, la Ley de Garantías para que funcionarios públicos puedan contratar en el periodo electoral de 2022.
La norma establece que 'a partir de la publicación de la ley, suspéndase el inciso primero del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 y, en consecuencia, las entidades del orden nacional y territorial podrán celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos'.
Así, argumentando la necesidad de impulsar la reactivación económica, se levantaría la prohibición que hoy en día tienen los gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de las entidades, para celebrar dichos convenios en los cuatro meses anteriores a los comicios.
