Teniendo en cuenta las fallas en la prestación de los servicios de salud a la población carcelaria del país, la Procuraduría se reunirá nuevamente con los representantes de Caprecom y el Inpec para concretar las responsabilidades individuales y las gestiones necesarias para la oportuna y cabal aplicación del decreto 2496 de 2012, por el cual se establecieron normas para el aseguramiento en salud de la población reclusa.
A la cita fueron convocados los ministros de Salud y Protección Social, Justicia y Hacienda, así como la directora nacional de Planeación y el superintendente nacional de Salud.
El pasado 26 de noviembre, en una reunión previa de la Procuraduría con la gerente general de Caprecom; la directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios; el director de Política Criminal del Ministerio de Justicia y el Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se analizó la crisis con el propósito de acelerar la toma de decisiones por parte de cada entidad.
Los representantes del Ministerio Público, en cabeza de la viceprocuradora general de la Nación, Martha Isabel Castañeda Curvelo, expusieron las actuaciones de carácter preventivo que se adelantan desde el ente de control, buscando garantizar el cumplimiento de los fines del Estado.
Por su parte, los funcionarios citados presentaron los avances de cada una de sus entidades en materia de cumplimiento de las obligaciones legales frente a la adecuada atención médica de la población privada de la libertad.
