Por incentivos sin auditoría, ‘falsos positivos’ aumentaron 154%

Las ejecuciones extrajudiciales son tema de estudio económico.
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Las ejecuciones extrajudiciales son tema de estudio económico.

 Aunque las ejecuciones extrajudiciales o mal llamados ‘falsos positivos’ no comenzaron con la política de Seguridad Democrática del expresidente Álvaro Uribe, se exacerbaron sobremanera durante su gobierno, según un estudio de las universidades de la Sabana y el Externado, por los incentivos que se ofrecieron a los militares y la falta de una auditoría adecuada para estos.

Justamente en Cereté, Córdoba, se decidió esta semana implementar un tipo de incentivo o recompensa, pero en este caso para cualquier ciudadano que aprehenda a un delincuente en flagrancia. La medida ha recibido reparos por parte del comandante de la Policía de ese departamento, coronel Carlos Vargas, quien cree que no es una buena estrategia para luchar contra la delincuencia. (Organigrama)

De acuerdo al informe elaborado por Édgar Villa, profesor de economía de La Sabana y Ernesto Cárdenas, del Externado, una vez se ofrecieron los incentivos, sin una fiscalización de las acciones castrenses entre 2002 y 2010, se incrementaron las ejecuciones extrajudiciales en un 154%. Esto es, que los ‘falsos positivos’ pasaron en promedio de 393 casos entre 1990 y 1999 a 1.220 entre 2000 y 2009. (Falsos positivos y muerte de guerrilleros)

Señala el estudio ‘La política de seguridad democrática y las ejecuciones extrajudiciales’, que al dar por sentado que “las fuerzas militares acatarán las leyes y que el sistema judicial actual está en capacidad de controlar sus acciones, la Seguridad Democrática se enfoca principalmente en ofrecer incentivos a los militares, específicamente a través de recompensas monetarias, permisos para los soldados y felicitaciones, ascensos o capacitaciones en el exterior a los militares de más alto rango. Estos incentivos generaron un afán desmedido por mostrar resultados satisfactorios en la lucha contra los grupos al margen de la ley”.

Aguinaldo de sangre. Lo anterior se evidencia en el informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos de 2012, ‘Colombia: la guerra se mide en litros de sangre’, donde se citan sorprendentes testimonios de uniformados:

“Uno de los incentivos que nos otorgaban a los comandantes de contraguerrilla de cada batallón era una licencia por todo el mes de diciembre a los pelotones que más sumaran muertos en el año, o sea que si mi pelotón del Batallón Calibío era el que más había dado muertos en el año, yo y mi gente salíamos todo el mes de diciembre (...). También se dijo que el soldado que más diera bajas sería incentivado con enviarlo al Sinaí o a un curso fuera del País”.

“Nos dijo mi coronel Ramírez: cada comandante de compañía me debe responder por un muerto en combate cada mes, y la sección segunda me debe responder por tres muertos al mes. En este momento la guerra se mide en litros de sangre, el comandante que no tenga resultados de muertos por mes tendrá la sanción correspondiente y se verá reflejado en su folio de vida (...)”, se lee en el informe.

Perverso mecanismo. En diálogo con EL HERALDO, Villa advierte que “creemos que toda la culpa de los ‘falsos positivos’ es de los incentivos, porque aunque realmente estos fueron dados para generar resultados de bajas en grupos al margen de la ley, esa política de Seguridad Democrática no contempló tener mayor control sobre las operaciones de los militares”.

En términos económicos, explica el profesor de La Sabana, lo anterior significa que para las personas que cometieron estos actos criminales los beneficios eran muy grandes y los costos no eran tan altos: “por eso se incrementan las ejecuciones extrajudiciales”.

Esta nueva forma de abordar el análisis del flagelo de las ejecuciones extrajudiciales, desde las ciencias económicas, tiene todo el sentido, según Villa, porque “la economía, en el fondo, tiene que ver con incentivos. ¿Por qué las personas se comportan de la forma como lo hacen? Creemos que depende de los incentivos que se le den. Los precios y los costos generan o moldean los incentivos que los agentes económicos tienen”.
Muertes pagas por el Estado. En el documento se repasa la forma en que se generaban los ‘falsos positivos’, desde el pago hasta el resultado, es decir, hasta los asesinatos de inocentes.

Cita el estudio que el dinero de las ejecuciones extrajudiciales salía de lo que el Gobierno giraba para la inteligencia militar. Entonces, la inteligencia militar informaba sobre la presencia de individuos sospechosos en determinados lugares -que podían ser delincuencia común, guerrilla o paramilitares-, planeaba la operación y enviaba un informe a la brigada.

La brigada, a su turno, seleccionaba la unidad militar que hacía la operación o misión táctica, y que era la que finalmente perpetraba el ‘falso positivo’.

“Cuando la unidad militar no obtenía resultados, y decidía realizar operaciones de ejecuciones extrajudiciales, pagaba a un informante ficticio para justificar su solicitud de recursos. Del dinero recibido, el informante ficticio recibía una parte, mientras que el resto iba para los comandantes de escuadra, quienes a su vez asignaban presupuesto para los soldados que podían conseguir las víctimas y las armas, configurando así los denominados ‘falsos positivos’”, se lee en un aparte.

Al final, los soldados recibían de 15 a 20 días de permiso y los oficiales felicitaciones.

La propuesta. La investigación modela una propuesta de política de seguridad alterna, que según los autores “reduce el problema de las ejecuciones extrajudiciales” y se trata de “un mecanismo que determina óptimamente un nivel de auditoría que, aunque costoso para el Gobierno, aumenta el bienestar social a través de una mayor probabilidad en la detección de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas militares”.

Villa lo explicó de esta forma a este diario: “es dar los incentivos adecuados, balancear los incentivos, otorgarlos pero controlarlos, para que los militares también tengan la tranquilidad de que sus acciones van a ser auditadas, porque este no es un problema directamente de los militares sino de los incentivos que se les dan”.

En conclusión, recomiendan la creación de un organismo, “que sería una fiscalía de los militares”, para generar un control sobre sus acciones y la disminución del terrible fenómeno de los ‘falsos positivos’.

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